Algo es algo
18/06/2012 |
Canacintra se ha congratulado de la más reciente decisión adoptada al interior de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de abreviar tiempos para citar la primera diligencia conciliatoria, porque con esto se hacen más fluidos los procedimientos para intentar zanjar diferencias entre demandantes y demandados. Para como se han dado las cosas en esa dependencia, en materia de juicios laborales, se trata de un logro que no se puede demeritar a priori y así lo ha subrayado la Cámara que representa a los industriales de la transformación.
Pero persiste sin embargo la sustancia del problema y que no es otra, que el campo de maniobra sin fronteras para patrocinadores de pleitos donde se reclaman, y muchas veces se consiguen, pagos por cantidades siderales a título de una inmerecida, injusta y superabusiva indemnización que han sido la ruina de pequeños y medianos empresarios.
Mientras no se encarcele a abogados y gestores o «coyotes» que litigan con cédula profesional alquilada o prestada, por falsear las exigencias en las que sustentan sus demandas, la anormal situación no tenderá a desaparecer. Esa es la fuente central de conflicto y sin embargo, no obstante ofrecimientos de actuar en contra de prevaricadores, no se ve que se haga algo al respecto.
La ramplona estrategia, si es que estrategia puede llamarse a un conjunto de marrullerías urdidas desde la perversidad y opuestas completamente a todo principio ético, es invocada prácticamente en todos estos juicios para presionar a los empleadores a cubrir liquidaciones por encima de los términos de ley. Cuando rechazan hacerlo, y es frecuente que ocurra, los asuntos se van al tiempo máximo y para entonces la suma acumulada por la falacia de los salarios caídos se ha disparado a alturas espectaculares.
Para un modesto empresario, al que ha llevado años de sacrificios y esfuerzos levantar un raquítico patrimonio, desembolsar cantidades de medio millón de pesos o más, representa la muerte económica. Por ello irrita el repaso de expedientes donde ésto figura como una constante y como hija de la más nauseabunda impunidad.
Los ladrones, es decir, los abogados que participan en estas maniobras, ni se inmutan cuando llega la circunstancia de tener que desaparecer una empresita en el momento en que es dictada la orden de embargo. Ese desmantelamiento es una bofetada al trabajo honesto y a la lucha tenaz de personas a las que nada se les ha regalado y sí en cambio les han levantado enfrente altas vallas.
El logro del que habló Heberto Vara Oropeza, presidente de Canacintra, es menos que relativo porque en Conciliación conocen perfectamente en qué punto está clavada la espina que duele y no obstante ello, no es arrancada. Allí no se ha seguido el consejo de que más vale una vez colorado y no mil descolorido. Es decir, que desde el ángulo que se mire conviene poner un hasta aquí, de una vez, y no consentir en la prolongación de un estado de cosas que hace injusta la aplicación de la norma.
Si el temor es una reacción a esa pandilla que tanto se ha beneficiado de lagunas y omisiones de una obsoleta Ley Federal del Trabajo, es un temor que no se justifica porque aquella sería una medida que hasta los dirigentes de sindicatos con conciencia de la realidad, aceptarían por un principio de equidad.
Así es de que, ¿miedo a qué?, ¿miedo a quién?.
Pero persiste sin embargo la sustancia del problema y que no es otra, que el campo de maniobra sin fronteras para patrocinadores de pleitos donde se reclaman, y muchas veces se consiguen, pagos por cantidades siderales a título de una inmerecida, injusta y superabusiva indemnización que han sido la ruina de pequeños y medianos empresarios.
Mientras no se encarcele a abogados y gestores o «coyotes» que litigan con cédula profesional alquilada o prestada, por falsear las exigencias en las que sustentan sus demandas, la anormal situación no tenderá a desaparecer. Esa es la fuente central de conflicto y sin embargo, no obstante ofrecimientos de actuar en contra de prevaricadores, no se ve que se haga algo al respecto.
La ramplona estrategia, si es que estrategia puede llamarse a un conjunto de marrullerías urdidas desde la perversidad y opuestas completamente a todo principio ético, es invocada prácticamente en todos estos juicios para presionar a los empleadores a cubrir liquidaciones por encima de los términos de ley. Cuando rechazan hacerlo, y es frecuente que ocurra, los asuntos se van al tiempo máximo y para entonces la suma acumulada por la falacia de los salarios caídos se ha disparado a alturas espectaculares.
Para un modesto empresario, al que ha llevado años de sacrificios y esfuerzos levantar un raquítico patrimonio, desembolsar cantidades de medio millón de pesos o más, representa la muerte económica. Por ello irrita el repaso de expedientes donde ésto figura como una constante y como hija de la más nauseabunda impunidad.
Los ladrones, es decir, los abogados que participan en estas maniobras, ni se inmutan cuando llega la circunstancia de tener que desaparecer una empresita en el momento en que es dictada la orden de embargo. Ese desmantelamiento es una bofetada al trabajo honesto y a la lucha tenaz de personas a las que nada se les ha regalado y sí en cambio les han levantado enfrente altas vallas.
El logro del que habló Heberto Vara Oropeza, presidente de Canacintra, es menos que relativo porque en Conciliación conocen perfectamente en qué punto está clavada la espina que duele y no obstante ello, no es arrancada. Allí no se ha seguido el consejo de que más vale una vez colorado y no mil descolorido. Es decir, que desde el ángulo que se mire conviene poner un hasta aquí, de una vez, y no consentir en la prolongación de un estado de cosas que hace injusta la aplicación de la norma.
Si el temor es una reacción a esa pandilla que tanto se ha beneficiado de lagunas y omisiones de una obsoleta Ley Federal del Trabajo, es un temor que no se justifica porque aquella sería una medida que hasta los dirigentes de sindicatos con conciencia de la realidad, aceptarían por un principio de equidad.
Así es de que, ¿miedo a qué?, ¿miedo a quién?.