La retrógrada reforma a la Ley de Educación y las reformas a la legislación que supuestamente debe crear el marco legal para asegurar la protección de los niños y adolescentes de Aguascalientes, promulgadas ambas de manera alevosa mientras la sociedad estaba distraída, y sigue estándolo, con los asuntos de la pandemia llamaron la atención, no sólo de quienes aquí denunciaron las malas maneras con que se tramitaron, sino que ahora también de organismos internacionales, entre otros la UNESCO, la UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que censuraron tanto su permisividad como el argumento premoderno que engendró eso que llaman PIN parental, que da potestad a los padres a que sus hijos sean educados como si esto fuera una teocracia.
Al margen del segundo asunto, del que ya se han ocupado varios especialistas y activistas, llama la atención que en los tiempos que vivimos y con la violencia doméstica desbordada se dé alguna tolerancia para el salvaje argumento de que los padres pueden ejercer cualquier medida de violencia contra sus hijos, que así son rebajados a la categoría de animales domésticos.
Hace un par de semanas, para que veamos qué vientos corren en el mundo, se reformó la ley española de protección a los menores, que niega cualquier permiso de ejercer violencia contra los menores, endurece mucho las penas para los trogloditas que ataquen a un hijo y, esto es principal, eliminan la prescripción de estos delitos, de tal manera que un hijo maltratado hace 20 años o 30 pueda denunciar al que en su infancia lo torturó, pues esta violencia deja huellas duraderas que suelen durar toda una vida, lo que hace un absurdo que después de algunos años no sea punible.
