México, 2 jun (EFE).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México informó este martes que el decreto de austeridad decretado por el Ejecutivo, que recorta en un 75 % su gasto corriente, frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
«La Comisión resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento», dijo en un comunicado la CEAV, en referencia al decreto publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La CEAV explicó que «no es propietaria de ningún inmueble en los que opera y la mayoría de los servicios son subcontratados».
Además, gran parte del personal fue contratado -desde el origen de la institución en 2013 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto- de manera irregular, con plazas eventuales y de «outsourcing».
Además, recordó que, heredados por administraciones anteriores, enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
En la nota, la CEAV informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó reducirle el 75 % del gasto corriente, equivalente a 139,4 millones de pesos (6,4 millones de dólares), mientras que sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos serán de 121,9 millones de pesos (5,6 millones de dólares) en lo que resta del año.
Dijo que en el recorte no se considera que la institución «tiene la obligación» de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
DECENAS DE AFECTACIONES
La CEAV enlistó las afectaciones que tendrá el citado recorte, entre ellos, la pérdida del alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34.215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
Debido a que el área de traslados desaparece, será imposible tramitar casi 10.000 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el Ministerio Público, Juzgados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o diligencias de búsqueda.
Además, los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.
Mientras que el área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo -154 de ellos están en etapa de cumplimiento- y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.
La Comisión consideró que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.
La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y es un organismo especializado para brindar atención a las personas que sufren delitos o son víctimas de violaciones de derechos humanos.
