México, 21 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) considera un «acto publicitario y simbólico» la ley de amnistía aprobada en México para indultar a personas encarceladas por delitos leves y cree que es insuficiente para «despresurizar» las prisiones del país ante la pandemia del COVID-19.
«Es un acto publicitario y simbólico pero con efectos muy precarios y de corto alcance en un contexto de pandemia», dijo este martes Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en una entrevista con Efe.
El Senado aprobó el lunes una ley de amnistía presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de liberar a unas 6.000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos menores como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México ve positivo el hecho de que la ley «reconoce que no todo el mundo está encarcelada en las mismas condiciones» y aplaudió que «da el mensaje de que el aborto no debe ser un acto punible».
«Muchas personas están presas por delitos que no cometieron, porque no tienen poder político o porque no tienen recursos económicos para pagar un buen abogado», expresó.
Sin embargo, consideró que la ley de amnistía «no responde a toda la crisis de justicia en México, donde hay un 99 % de impunidad».
El gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aceleró la aprobación de la ley para conseguir descongestionar las cárceles en plena pandemia, sin embargo Reneaum puso en duda de que eso se logre.
«Se aprueba la ley en un contexto que se requiere la despresurización de las cárceles pero eso no va a venir de la ley», expresó la activista, quien opinó que la nueva legislación prevé «mecanismos absurdos» como un plazo de liberación de cuatro meses, cuando la pandemia ya puede haberse mitigado.
Además, recordó que en las cárceles federales, donde se aplicará la amnistía, difícilmente haya mujeres condenadas por abortar, un delito que se suele dirimir en instancias estatales.
Por lo que urgió a que los 32 estados del país estudien mecanismos alternativos para liberar o dar libertad condicional a reos que corren riesgo ante la situación del coronavirus, que lleva 712 fallecidos y 8.772 enfermos en el país.
En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17.000 reclusos y 309 penales estatales con unos 176.000 encarcelados.
«La población penitenciaria está en unas condiciones decadentes, con falta de agua, sobrepoblación y falta de alimentos», expresó Reneaum, quien advirtió que esta situación se agrava ahora con la prohibición de recibir visitas de familiares, quienes suelen suministrar alimentos y productos de limpieza a los presos.
LÓPEZ OBRADOR CELEBRA LA APROBACIÓN
En su conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a los senadores el «paso adelante» al ratificar la ley, que ya había sido aprobada en diciembre en la Cámara de Diputados.
«Esto nos va a permitir liberar de penales a quienes no están recluidos por delitos graves y están enfermos o son mayores de edad», celebró el mandatario, quien subrayó que la amnistía es «una acción humanitaria» para evitar contagios en las cárceles.
Además, recordó que la ley no permite liberar a personas condenadas por delitos graves o que cometieron delitos con violencia: «Ya saben cómo se exagera a veces sin conocimiento», dijo sobre la oposición.
En la misma línea, las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebraron la aprobación de la ley «por ser una de las medidas que el Estado mexicano adopta para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en el ámbito penitenciario».
«En el contexto de la pandemia de COVID-19 esta ley adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar», afirmaron en un comunicado conjunto.
Esta ley de amnistía solo se aplicará a las cárceles federales pero obliga a los congresos de los 32 estados del país a debatir si aplican medidas similares.
