México, 18 mar (EFE).- El arresto de tres funcionarios mexicanos que manipularon las pesquisas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala (México), incluida la tortura de presuntos culpables, aviva la esperanza de justicia de las familias, señaló este miércoles el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).
«Estas acusaciones son una señal de que va en serio la voluntad del actual Gobierno de que quienes manipularon la investigación pasen cuentas con la Justicia», dijo a Efe Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, que representa a los familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014.
Según detalló el Centro ProDH, la Fiscalía General de la República arrestó este martes a tres funcionarios que participaron en la detención de Carlos Canto, presunto implicado en la desaparición de los estudiantes, que fue torturado para forzar su confesión, como demuestra un video difundido el año pasado.
En la prensa local trascendieron al menos dos de los nombres de los detenidos, mientras que la FGR no ha informado directamente de las capturas.
Uno de los detenidos, Isidro Junco, se desempeñaba actualmente como miembro de seguridad de la Cámara de Diputados mientras que otro, Ezequiel Peña, formaba parte de la Agencia de Investigación Criminal.
Además, están pendientes de arresto por el mismo caso al menos otras dos personas, señaló la ONG.
Entre estos, por el delito de tortura también se investiga a Carlos Gómez Arrieta, quien cuando tuvo lugar la tragedia era comandante de la Policía Federal Ministerial.
Canto fue detenido por miembros de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (Semar) y su caso es uno de los 34 en los que la ONU-DH encontró «fuertes elementos de convicción» que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a los derechos humanos.
«Para las familias es un avance muy importante porque confirma que la ONU tenía razón», expresó Aguirre, quien recordó que la investigación del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se basaba en «declaraciones» de presuntos culpables, muchas de ellas obtenidas mediante tortura.
El director del Centro ProDH señaló que «es muy factible» que personas vinculadas a Guerreros Unidos, organización criminal que habría participado en la desaparición, hayan obtenido su libertad porque las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
«La tortura lastima tanto a la persona que la sufre como al acceso a la verdad por parte de las familias», señaló.
Y explicó que este arresto es «una bocanada de aire» para la Comisión de la Verdad creada en 2018 por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para revisar la investigación de su antecesor.
La investigación oficial del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018), conocida como «verdad histórica», concluyó que policías corruptos arrestaron en Iguala a los 43 jóvenes, y los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cártel rival.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.
