México, 10 feb (EFE).- Una delegación de diputados mexicanos y de organismos no gubernamentales visitó este lunes la sede migratoria de Tapachula, estado mexicano de Chiapas, tras la polémica por el trato a migrantes y la prohibición de visitas al centro, informó la Secretaría de Gobernación.
La comitiva fue recibida en la Estación Migratoria Siglo XXI por el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, «como parte de una política migratoria transparente y humanista», expresó Gobernación en un comunicado.
Garduño se dijo agradecido por la presencia, interés y apertura de los diputados para trabajar de manera conjunta a favor de la población migrante.
En la visita estuviero 19 diputados de diversos partidos, cuatro legisladores del Congreso de Chiapas, y representantes de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Acompañaron al titular del INM funcionarios del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Las asociaciones no gubernamentales denunciaron el pasado mes de enero, dificultades para acceder a las estaciones migratorias y que el Gobierno mexicano llegó incluso a prohibirles la entrada en una orden oficial revocada un día después de su publicación.
Amnistía Internacional (AI) consideró entonces que México debe ser claro y dar garantías a las ONG y a las entidades religiosas para que puedan visitar los albergues migratorios donde permanecen centenares de personas.
«Yo sostengo que es una hipocresía lo que está haciendo las autoridades mexicanas, fundamental las de Gobernación», dijo a los medios desde la estación Siglo XXI Porfirio Muñoz Ledo, diputado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Muñoz Ledo, uno de los más críticos con la gestión de la crisis migratoria del Gobierno de su propio partido, liderado por Andrés Manuel López Obrador, denunció la «hipocresía» del Estado mexicano «que les está haciendo el favor a los americanos».
«Siempre se les ha hecho (el favor), pero bajita la mano. Ahora Trump, tiro por viaje, nos ordena que no los dejemos pasar», se quejó el diputado.
El veterano político, de 86 años, sostuvo que México empleó contra los migrantes «un exceso en fuerza pública, un abuso y una insensatez» e insistió en que el país está «obligado por la Constitución del país y tratados internacionales a dejar pasar a los migrantes, previo registro, indicando que no sean criminales».
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, fue más cautos en sus declaraciones durante la visita a la estación migratoria del sureño estado de Chiapas.
«México es un país donde se respeta la ley, se protegen los derechos humanos y se quiere tener una migración ordenada», aseguró Delgado, que destacó «una disposición del gobierno mexicano a tratar con respeto a todos los migrantes».
El Gobierno de México, con la Guardia Nacional, frenó en enero pasado, en la frontera sur de México, el intento de miles de centroamericanos, en caravana de cruzar el país para llegar hasta Estados Unidos.
El Instituto de Migración de México anunció que entre el 18 al 27 de enero unos 2.303 hondureños fueron retornados por aire o por tierra a su país.
Esta actuación gubernamental ha sido duramente criticada por ONG y por los expertos, mientras que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que se ha actuado acorde a la ley y respetando siempre los derechos humanos.
