San Diego (CA), 14 feb (EFE News).- Dos oficiales de la policía del municipio mexicano de Tijuana y cuatro presuntos cómplices renunciaron este viernes a su derecho a un juicio rápido al no haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía para cambiar sus declaraciones de «no culpable» en relación con los cargos de conspiración para cometer robo armado que enfrentan en la Corte Superior de San Diego, California.
Los agentes Jesús Torres Estrada y Mario Castillo Quijas, quienes fueron detenidos por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una operación encubierta en San Diego, están acusados junto con Ignacio Cruz Martínez, Mario Eugene Hall, Tomás Emmanuel Ramírez y Nicholas Jeremiah Shaw.
Los seis fueron presentados este día ante el juez Michael J. Popkins en la segunda audiencia del proceso por conspiración. Los cargos fueron presentados por la Fiscalía del Condado de San Diego en una audiencia inicial celebrada el 4 de febrero, en donde los seis se declararon no culpables.
Según la acusación presentada en la Corte, los seis sospechosos planeaban robar un millón de dólares de una residencia en Chula Vista, una ciudad del Condado de San Diego cercana a la frontera con Tijuana.
Para ello, de acuerdo con la acusación, los dos policías e Ignacio Cruz Martínez cruzaron el pasado 31 de enero la frontera desde México y los otros tres implicados se trasladaron desde San Bernardino, California, hasta Chula Vista.
En esa ciudad se vieron con una persona que les dio información de cómo ingresar a la residencia donde se encontraba el dinero. Sin embargo, dicha persona era en realidad un agente encubierto del FBI, por lo que los seis hombres fueron aprehendidos mientras intentaban entrar al domicilio ese mismo día.
Desde entonces se encuentran presos en la Cárcel del Condado de San Diego.
Los seis comparecieron esta mañana por separado ante el juez Popkins y, tras rehusarse a cambiar sus declaraciones de «no culpable», el proceso continuará el 17 de marzo con una audiencia preliminar que será «la primera oportunidad de la Fiscalía para presentar la evidencia a la Corte», dijo el fiscal a cargo del caso, Christopher Rhoads.
En la audiencia inicial, Rhoads pidió al juez que a ambos policías mexicanos se les impusiera una fianza de dos millones de dólares, ya que ninguno reside en Estados Unidos y porque violaron un principio de confianza que les fue depositado como servidores públicos. Sin embargo, la petición fue desechada por el juez, quien estableció el monto de un millón de dólares de fianza para cada uno de los acusados.
Este viernes, el acusado Marco Castillo Quijas, a través de su abogado, informó al juez que pretende cubrir la fianza que le fue impuesta.
No obstante, el juez determinó que antes de cubrir el monto, los acusados deberán demostrar en una audiencia el origen lícito del dinero, por lo que Castillo Quijas tendrá una audiencia con este propósito la próxima semana.
Una semana después de la detención de los dos agentes, el director de la Policía de Tijuana, Carlos Betancourt, fue removido de su cargo.
