Washington, 25 feb (EFE News).- El Tribunal Supremo decidió este martes, alegando razones de política exterior y seguridad nacional, que la familia de un mexicano de 15 años que murió en 2010 en el límite entre ambos países no podrá demandar ante la justicia estadounidense al agente fronterizo que le disparó.
El fallo, que se alcanzó con cinco votos a favor y cuatro en contra, puede sentar un precedente sobre las futuras decisiones en casos de tiroteos ocurridos en las fronteras.
Los magistrados se pronunciaron sobre el caso de Sergio Adrián Hernández Güereca contra el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa, conocido como «Hernández vs. Mesa».
DOS VERSIONES, UNA MUERTE
La familia argumenta que el joven -conocido como «Keko» y quien falleció en junio de 2010- no suponía ninguna amenaza para los agentes estadounidenses, iba desarmado y estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México) y sobre el que se alza el llamado «Puente Negro».
El juego de los chicos, de acuerdo con la familia, consistía en correr hasta la valla metálica de Estados Unidos, tocarla y volver a toda velocidad hasta la parte mexicana.
Cuando Hernández volvía a México, el agente Mesa «sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo», según narra la defensa en documentos entregados al Supremo.
Pero el Gobierno de EE.UU. alegó que el chico era parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras a Mesa, quien se defendió con su arma.
Un vídeo difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces.
RAZONES DE SEGURIDAD
Al explicar el fallo, el magistrado del Supremo Samuel Alito advirtió que en este tipo de casos puede haber un riesgo «significativo» de «intrusión disruptiva por parte del Poder Judicial en el funcionamiento de otras ramas».
Pero además argumentó que «el riesgo de socavar la seguridad fronteriza proporciona razones para dudar» de la decisión de dar luz verde al reclamo de los demandantes y recordó que «la regulación de la conducta de los agentes en la frontera incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional».
De igual forma, alegó que «las ramas políticas, no el Poder Judicial, tienen la responsabilidad y la capacidad institucional de sopesar las preocupaciones de política exterior».
UNA NEGATIVA SIN UNA «BUENA RAZÓN»
Al expresar su disenso, la magistrada Ruth Bader Ginsburg puntualizó que «la ubicación de Hernández en el momento preciso en que cayó la bala no debería importar lo más mínimo».
«Todavía no hay una buena razón por la cual los padres de Hernández deben encontrarse con la puerta de una corte cerrada», opinó Ginsburg, para quien no se están cuestionando «políticas o políticos» sino las «acciones deshonestas de un agente de la ley».
SIN UN CAMINO PARA BUSCAR JUSTICIA
En reacción al fallo, el congresista demócrata Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano del Congreso, se quejó de que «Sergio era un niño que estaba desarmado cuando fue abatido a tiros en la frontera» por Mesa.
«Debido a la decisión de hoy, la familia Hernández no tiene ahora ningún camino para buscar justicia», alertó Castro, quien consideró que esto significa que nadie, «ni siquiera los niños desarmados o sus familias, tienen derecho a demandar a un agente federal por un tiroteo transfronterizo».
«Los agentes de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) saben que no tendrán que rendir cuentas por delitos similares», alertó Castro, quien apuntó que esto sucede cuando «miles de solicitantes de asilo se ven obligados a vivir en campos a lo largo de la frontera debido a la política de ‘Permanezcan en México'», por la que deben esperar en el país vecino una respuesta de EE.UU.
OTROS CASOS
La Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) calcula que entre 2010 y 2016 un total de 53 inmigrantes murieron a manos de agentes fronterizos.
Un caso similar al de Hernández fue el del agente Lonnie Swartz, acusado de asesinato en segundo grado por la muerte en 2012 de José Antonio Elena Rodríguez.
El joven, de 16 años, murió en la frontera de Nogales (México) de diez heridas de bala en la espalda y la cabeza por disparos realizados por el agente a través del muro fronterizo.
Durante un primer juicio contra Swartz, en abril de 2018, un jurado federal lo declaró no culpable del cargo de asesinato en segundo grado. En noviembre de 2018, otro jurado declaró al agente también no culpable del cargo de asesinato involuntario.
Mientras que en marzo de 2018, una corte en California aprobó un acuerdo por el cual la Patrulla Fronteriza acordó pagar una indemnización de un millón de dólares a la familia de Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante indocumentado mexicano que murió tras recibir una golpiza a manos de agentes fronterizos en mayo de 2010.
