México, 30 ene (EFE).- El exoperador financiero de Joaquín «el Chapo» Guzmán y otros dos internos vinculados al cártel de Sinaloa se fugaron este miércoles del Reclusorio Sur de Ciudad de México, una evasión que, según confirmó este jueves el Gobierno capitalino, contó con ayudas de funcionarios y fallos de seguridad.
La secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, explicó este jueves en conferencia de prensa que el 29 de enero a las 08.00 hora local (14.00 GMT) el tercer turno de funcionarios reportó la falta de tres internos, cuando 15 minutos antes, al cerrar el segundo turno, los custodios no habían informado de novedad alguna durante su servicio.
Ahí se activó el protocolo de evasión, dos horas más tarde de la hora de fuga que maneja la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), ya que hay videos que demuestran que los reos abandonaron el penal a las 05.50 horas local (11.50 GMT).
Horas antes de la evasión, siempre dentro del segundo turno de funcionarios, las cámaras evidencian que hubo movimientos irregulares en el área de ingreso de la prisión de al menos cinco internos y tres guardias, informó Rodríguez.
Además de esos movimientos, la secretaria reveló que las esclusas y las puertas que comunicaban a las celdas de los evadidos «se encontraban sin candado y abiertas».
Los fugados, una vez fuera de sus celdas, aprovecharon un barrote de seguridad cortado para llegar desde sus galerías a la zona común, y desde allí usaron cizallas para cortar la malla de acceso a la planta baja.
Una vez en la planta baja del reclusorio, los tres presos recorrieron unos 20 metros hasta el muro perimetral, que saltaron mediante una escalera para llegar al cinturón interno de la cárcel, donde se encuentran los vehículos de traslado.
Una camioneta, con los fugados presuntamente a bordo, salió del cinturón a las 05.50 hora local (11.50 GMT). En la aduana de salida, según se aprecia en los videos, un funcionario bajó, se acercó al encargado del puesto de salida, que nunca revisó quién iba en el automotor, y volvió a subir al vehículo.
La camioneta se trasladó al hospital capitalino Rubén Leñero, a donde había una orden de llevar a un recluso, y posteriormente volvió al penal, aunque sin los fugados en su interior. La FGJ no dispone de imágenes de cuándo ni dónde abandonaron el vehículo los evadidos.
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
A la vista de los hechos, el Gobierno de Ciudad de México reconoció la participación de servidores públicos en la fuga y explicó que hasta el miércoles habían declarado más de 20 personas en la FGJ y reveló que han pedido la renuncia del director del Reclusorio Sur, Omar Tonatiuh Zamora.
Los fugados, que iban a ser extraditados a Estados Unidos, son Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán originarios de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, recluidos por narcotráfico; así como Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, también en el noroeste del país, acusado por asociación delictiva.
Víctor Manuel Féliz, alias el Vic, era considerado antes de su detención en 2016 uno de los operadores financieros de los hijos de Joaquín «el Chapo» Guzmán, capo del cártel de Sinaloa hoy condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Félix Beltrán trabajaba para el cártel de Sinaloa y era el sucesor de su padre, Víctor Manuel Félix Félix, el Señor, quien fue detenido en marzo de 2011 y era consuegro de Joaquín Guzmán.
El Vic, originario de Sinaloa, era el presunto encargado de las operaciones financieras y de blanquear el dinero obtenido por el tráfico de drogas, especialmente heroína, en México y Estados Unidos.
Para ello, mantenía «vínculos con otras organizaciones delictivas encargadas de la producción y trasiego de estupefaciente en las entidades de Guerrero y Jalisco», señaló la PGR en un comunicado.
Félix, quien se movía entre Culiacán (Sinaloa), Zapopan (Jalisco) y la Ciudad de México, operaba bajo otra identidad para adquirir propiedades, vehículos y negocios, además de que obtenía diversas propiedades mediante varios testaferros.
Fue detenido por las autoridades mexicanas el 26 de octubre de 2017 tras un operativo en una urbanización del distrito de Santa Fe, una de las zonas más acomodadas de la capital.
