Chicago (IL), 10 dic (EFEUSA).- 106.700 dólares. Esa es la cifra que Juan Muñoz descubrió un día que debe reunir si quiere terminar sus estudios de arquitectura, y todo por un problema que muchos «soñadores» enfrentan: pagar sus estudios universitarios con recursos propios, sin becas, préstamos u otro tipo de ayuda estatal.
Con 24 años, de los cuales 20 vividos en Detroit (Michigan), Juan tiene dos empleos. Desde 2013 trabaja en un desguace de automóviles y desde hace poco ayuda como investigador de una de sus exprofesoras en el Colegio Taubman de Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de Michigan.
Pero el dinero no alcanza para pagar los créditos de la licenciatura que comenzó en este centro en el otoño de 2018, por lo que este joven amparado bajo la Acción Diferida (DACA) ha tenido que apelar a la ayuda de desconocidos.
Pero abrir una cuenta en la plataforma GoFundMe, donde en menos de un mes ya ha conseguido más de 11.000 dólares aportados por 146 donantes, «fue aterrador» porque suponía hablar por primera vez de su estatus migratorio.
Abrirse públicamente a los extraños podría ser riesgoso inclusive para sus padres, inmigrantes mexicanos que han vivido en el área de Detroit sin papeles durante 20 años.
«Pero mi padre hizo un gran sacrificio al traerme a este país y darme esta oportunidad, y me corresponde continuar esta lucha hasta el final, sin temores», declaró Muñoz a Efe.
Debido a que Michigan carece de políticas que permiten a los estudiantes indocumentados acceder a ayudas para afrontar el gasto de las colegiaturas, el joven tuvo que pagar de su bolsillo el Colegio Comunitario Henry Ford de Dearborn (Michigan), donde obtuvo grados asociados en Tecnología Arquitectónica y Diseño Industrial.
Sin embargo, para alcanzar este título necesitó cinco años en lugar de los dos dispuestos por la ley, periodo que suelen demorar habitualmente los estudiantes que no necesitan trabajar al tiempo que estudian, gracias al acceso a préstamos y ayudas financieras.
Los retos económicos de Juan, que es el primero de su familia en ir a la universidad, se profundizaron al pasar a una universidad estatal, donde se topó con las disposiciones sobre estudiantes residentes de un estado en el que vive desde hace 20 años.
Para ser considerado residente, y así pagar una colegiatura universitaria mucho menor, el candidato debía haber concluido la escuela secundaria antes de un plazo de 28 meses, pero él había salido hacía cinco años, los casi 60 meses que le demoró concluir sus estudios en el colegio comunitario.
«Hice todo lo posible para cambiar esta disposición pero igualmente mis cinco años fueron insalvables», dijo Juan.
La Universidad de Michigan le permitió asistir informalmente a clases durante un semestre de 2018, pero al no estar registrado formalmente las notas obtenidas no figuran en su historial.
Y para continuar en la Universidad de Michigan y poder graduarse Juan tiene que pagar 26.700 dólares por el semestre ya cursado, y otros 80.000 por los próximos tres semestres.
Según informó, los problemas que enfrenta son comunes entre los estudiantes DACA e indocumentados, que necesitan más tiempo para completar su educación postsecundaria, debido a las complicaciones financieras que enfrentan.
Para Juan, finalizar la licenciatura es importante para sus planes de trabajar en el desarrollo urbanístico de comunidades vulnerables de Michigan, como su vecindario llamado Del Rey.
Ubicado en el suroeste del río Detroit, el barrio ha sido duramente afectado por el desplazamiento provocado por la gentrificación y la construcción de un puente que dividió la comunidad en dos.
«Nos aislaron sin siquiera darnos la oportunidad de opinar», dijo el joven, cuya situación fue reportada por el diario «The Michigan Daily».
Toda esta situación le ha hecho convertirse además en un activista comunitario dispuesto a hacer escuchar su voz.
«Ya no tengo miedo de hablar y pelear. No solo lo hago por mí, sino por los que vienen detrás», aseguró uno de los casi 700.000 «soñadores» que viven angustiados a la espera del fallo del Tribunal Supremo en 2020 sobre la legalidad de DACA, programa aprobado en 2012 y que el presidente Trump quiere suspender.
