Los Ángeles, 10 dic (EFEUSA).- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) alertó este martes sobre una nueva guía que establece que dos o más condenas por Conducir bajo la Influencia de alcohol y drogas (DUI), pudieran afectar a los migrantes en sus trámites para obtener la residencia permanente.
Los nuevos parámetros fueron implantados por el fiscal general de EEUU, William Barr, que en octubre pasado estableció que dos o más condenas por DUI significan que una persona presumiblemente no tiene un buen carácter moral.
«Con esto, el fiscal Barr quiere poner otro muro para que los indocumentados no puedan legalizarse», dijo a Efe el abogado de inmigración Alex Gálvez.
Sin embargo, el jurista subrayó que no todo está perdido para aquellos migrantes que tengan dos o más DUI.
«La guía dice que pueden afectar la determinación de buen carácter moral, pero no dice que descalifica definitivamente al inmigrante; es solo comenzar en negativo. Aún se pueden pelear los casos», indicó Gálvez.
USCIS subraya que la nueva guía es aplicable a cualquier caso presentado o pendiente a partir del 25 de octubre de 2019, fecha en que se dio la decisión del fiscal.
Esta decisión se da tras la revisión del caso de un inmigrante mexicano de apellido Castillo-Pérez que trataba de evitar su deportación. Tenía dos condenas por DUI, una de 2010 y otra de 2012, y había reconocido tener problemas con el alcohol.
Gálvez considera que los jueces de inmigración siguen teniendo poder de discreción para manejar los casos.
Como ejemplo pone el de un inmigrante que, a pesar de tener tres DUI, se logró ganar el caso en una corte de Los Ángeles, el pasado viernes.
«Logramos demostrar que esta persona se rehabilitó y que merecía quedarse en Estados Unidos», puntualizó el abogado.
La nueva guía también incluye una decisión de Barr que no tendrá en cuenta las modificaciones de las sentencias de los tribunales estatales para efectos migratorios, a menos que estos cambios se deban a defectos de procedimiento o problemas en el manejo original.
Esta disposición afecta a los inmigrantes que luchan por rebajar a delitos menores sus condenas graves.
«Esto hace parte de la política de cero tolerancia de esta administración», indicó Galvez.
Desde julio pasado, Barr emitió una regulación que lo autoriza a designar cuáles decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) se aplican como regla general, lo que desembocó en las dos nuevas disposiciones.
