México, 11 dic (EFE).- El arresto en Estados Unidos del exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna (2006-2012), acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de protección, dejó en entredicho la estrategia militar contra el narcotráfico emprendida desde 2006 por el Gobierno de México.
«Sin duda es uno de los funcionarios de seguridad más importantes de las últimas décadas en México», dijo este miércoles a Efe el experto en seguridad pública Javier Oliva sobre García Luna, quien pasó por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública.
El que fuera mano derecha del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y artífice de la llamada guerra contra el narcotráfico -cuando los militares salieron a las calles- fue arrestado ayer en Dallas (Texas) a raíz de las confesiones que se hicieron durante el juicio de Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa y condenado a cadena perpetua.
Durante las audiencias en Nueva York, uno de los testigos, Jesús «El Rey» Zambada, exjefe de operaciones del Cartel de Sinaloa, aseguró que había sobornado a García Luna, con quien dijo se había reunido en un restaurante en dos ocasiones, y que en cada una de ellas le había entregado dinero.
La primera ocasión, según Zambada, fue en 2005 cuando García Luna era el jefe de la AFI, bajo el mandato de Vicente Fox (2000-2006), y el segundo al año siguiente, tras haber aceptado el puesto de Seguridad Pública con Calderón en la Presidencia.
Oliva opinó que estas acusaciones hay que tomarlas con «reservas», dado que corresponden a «testigos protegidos» que recibieron beneficios penitenciarios por colaborar con la justicia en la acusación contra «El Chapo».
Pero de confirmarse la veracidad de los sobornos, dijo que sería algo «crítico» porque «imagínate a manos de quién estaba la seguridad pública del país».
Algo que también dejaría «en una credibilidad crítica a las agencias de seguridad de Estados Unidos», ya que no solo no detectaron la presunta vinculación del secretario con el narcotráfico, sino que el FBI y la DEA llegaron a premiarlo por su colaboración.
EL FIN DE UNA ÉPOCA
Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la caía de García Luna en Estados Unidos supone el fin de una época, la de la guerra militar contra el narcotráfico emprendida por Calderón y seguida por su sucesor, el presidente Enrique Peña Nieto.
«Lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario y corrupto. Es un elemento de prueba de que es un modelo que fracasó», expresó este miércoles López Obrador en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El mandatario aprovechó para reivindicar que la «honestidad» debe ser la cualidad más importante en política y añadió: «Es muy bueno esto para los que se sentían intocables y se pensaban que con dinero e influencias se podía todo».
López Obrador aseveró que, siendo líder opositor izquierdista, fue de los primeros en oponerse a la estrategia de seguridad instaurada por Calderón y García Luna, basada en combatir militarmente a los cárteles en una guerra que ha dejado cerca de 200.000 muertos en el país.
A su vez, el actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló este miércoles que la estrategia de seguridad emprendida por los gobiernos anteriores quedó reducida a «la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al Cártel de Sinaloa».
Y reivindicó que el actual Gobierno busca la paz «sin regresar al derramamiento de sangre ni a la violación de los derechos humanos».
Sin embargo, expertos en seguridad advierten que la estrategia aplicada por el Gobierno de López Obrador desde que asumió el poder el año pasado no es muy diferente, puesto que al crear la Guardia Nacional, formada por policías y militares, perpetuó la presencia de soldado en las calles.
Por su parte, Calderón, histórico rival político de López Obrador, salió al paso en Twitter asegurando que desconocía «por completo» las acusaciones contra García Luna y defendiendo la estrategia de seguridad de su gobierno.
«La política de seguridad de mi administración no era, ni remotamente, producto de las decisiones de un solo funcionario. En ella colaboraban muchos servidores públicos civiles y militares y, desde luego, también había cooperación estrecha con el gobierno de Estados Unidos», reivindicó.
