México, 18 dic (EFE).- La iniciativa de una senadora del partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado polémica en torno a la figura del Estado laico, el cual los críticos de la propuesta afirman que se vería vulnerado, mientras que su autora afirma que solo busca actualizar un ordenamiento obsoleto.
La iniciativa de la senadora Soledad Luévano, publicada en la gaceta del Senado el 11 de diciembre, plantea reformar o derogar diversos artículos la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, vigente desde 1992.
Entre otros puntos propone alterar el artículo 1, el cual establece que dicha ley está «fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias», sustituyendo dicho precepto por el relativo al «derecho humano a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión».
Igualmente, la iniciativa elimina el párrafo que sostienen que «nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes».
En la fundamentación de su iniciativa, formulada a título personal y no en nombre del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de López Obrador, Luévano cita procesos como la violencia, la criminalidad, la corrupción y el debilitamiento del tejido social, «que amenazan con clausurar no solo el progreso sino la existencia misma de la sociedad y del Estado».
Esos procesos, argumenta, «nos ponen ante una emergencia que requiere la colaboración de todos, y en particular de las energías más arraigadas en el corazón del pueblo, donde las convicciones éticas, religiosas y de conciencia son una fuente para la recuperación y el fortalecimiento de nuestra sociedad».
Asimismo, sostiene que, tras 27 años de la publicación de la ley, es necesario armonizarla con las disposiciones constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos, «y a la creciente participación y contribución al desarrollo nacional que han tenido las diferentes iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas».
LAS CRÍTICAS A LA PROPUESTA
No obstante, la propuesta generó expresiones de rechazo de expertos y comentaristas, destacando la de José Ramón Cossío, exmiembro de la Suprema Corte.
«He leído con cuidado la iniciativa de la senadora Luévano para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y es francamente preocupante. Es un retroceso a la laicidad, por más que trate de disfrazarse de libertad religiosa», escribió Cossío este martes en Twitter.
Otros analistas alegaron que con la reforma se podrían usar los medios de comunicación para promover creencias de instituciones religiosas, lo que atentaría contra la laicidad del Estado, así como para bloquear iniciativas contrarias a esas creencias.
El periódico Reforma publicó el martes una nota titulada «Quieren borrar línea entre Iglesia y Estado», que afirma que la propuesta elimina el «principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias» establecido en el artículo 130 de la Constitución.
«Los amigos del periódico Reforma hacen una interpretación incorrecta de la iniciativa», replicó la legisladora en Twitter.
Enfatizó que la iniciativa es suya, no del grupo parlamentario de Morena ni de la Presidencia de México, y que la elaboró «con el respaldo de especialistas y con las aportaciones de decenas de asociaciones religiosas del país».
«Sobre las personas que han criticado la iniciativa (incluido el exministro Cossío) les expreso mi respeto y aunque me defino como Guadalupana, mi fe nunca ha nublado mi razón», afirmó.
Señaló que el artículo 130 garantiza la separación entre iglesias y Estado, «y nadie pretende modificarlo», y que la norma que ella propone modificar fue promulgada por el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) «y ya es obsoleta».
Interrogado respecto a la iniciativa de Luévano en su conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador también hizo hincapié en que la legisladora la presentó «a título personal».
«Desde luego se requiere el consenso en el grupo y se requiere que al final esa iniciativa se apruebe; o sea, es apenas un proyecto», manifestó el mandatario, aunque reconoció la libertad de los legisladores para impulsar legislación.
Consideró que el tema de la separación de Estado e iglesias «ya está resuelto desde hace más de siglo y medio y no debe tocarse. «A Dios lo que es Dios y al César lo que es del César», declaró López Obrador.
Con todo, señaló que el Estado laico también «significa garantizar la libertad religiosa, porque a veces se piensa que el Estado laico es un principio antirreligoso».
«No. Es garantizar las libertades y garantizar las libertades de creyentes y de no creyentes, nada más que no hay que relacionar los asuntos de las iglesias con lo que corresponde al Estado», puntualizó.
