Aguascalientes.- De 1995 a la fecha, en Aguascalientes se han registrado un total de 573 casos de personas desaparecidas, 322 víctimas corresponden al género femenino y 241 al masculino.
Estos casos documentados en los registros de la Procuraduría de Justicia forman parte de los miles de desaparecidos a nivel nacional, pues según datos de la Comisión Nacional de la Búsqueda, existen alrededor de 40 mil personas desaparecidas, además de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar.
Dicha situación debe ser atendida y controlada a la brevedad, señaló el senador panista, Juan Antonio Martín del Campo, tras presentar ante el Pleno del Senado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas a fin de prevenir y reprimir este creciente delito en todo el país, y Aguascalientes no es la excepción.
Tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por el Comité Contra la Desaparición Forzada, el legislador federal propuso reformar los artículos 29 y 30 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de búsqueda de personas para establecer expresamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos con base en Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Explicó que una desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: por una parte, para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre con el temor de perder la vida y por otra, para los miembros de la familia, que no saben el destino de sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años por noticias que acaso nunca lleguen.
Con esta iniciativa, aseguró el senador, la Ley General establecerá lineamientos mínimos respecto de los cuales las entidades federativas deberán adecuar sus legislaciones locales ampliando así el marco de responsabilidad de los servidores públicos para realizar las acciones necesarias a fin de prevenir la comisión y sobre todo, la omisión de estos ilícitos y a su vez, se haga del conocimiento en tiempo y forma de las Fiscalías los hechos que pudiesen ser constitutivos de éstos y se avance en la prevención, investigación y sanción de este delito, así como la reparación integral de las víctimas.
