Washington, 30 nov (EFE).- «No es necesario el muro», afirma Ramiro Ramírez, uno de los integrantes de una familia de Texas que batalla contra la intención del presidente de EE.UU., Donald Trump, de ampliar la barrera fronteriza con México y cuya construcción amenaza un templo y dos cementerios donde reposan sus ancestros.
«Ahí tengo a toda mi familia, tengo a mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos», argumenta a Efe por teléfono Ramiro desde Texas, al referirse a los camposantos.
Este hombre, antes que sicólogo, se declara ranchero y apegado a una tierra a la que sus antepasados llegaron en 1857 procedentes de Alabama, huyendo de la discriminación y la esclavitud.
Ramiro junto al grupo Earthjustice; la comunidad indígena Nación Carrizo/Comecrudo de Texas; los hacendados Elsa Hull y Joe Hein; y las organizaciones Centro de Estudios Internacionales de Río Grande, Greenlatinos y el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano; interpusieron una demanda en marzo pasado contra la declaración de «emergencia nacional» de Trump.
UN APEGO HISTÓRICO
Los tatarabuelos de Ramiro, Nathaniel y Matilda, vinieron a Texas huyendo de los problemas que afrontaban en Alabama al tratarse de una pareja interracial, ya que él era de raza blanca y ella, una esclava negra; tras desistir de viajar a México por desconocer el idioma español y por la diferencia religiosa, ya que este país era mayoritariamente católico y ellos metodistas.
Ya en Texas, Nathaniel y Matilda Jackson compraron 5.500 acres (2.225 hectáreas) de terreno y ayudaron a muchos esclavos en EE.UU. que buscaban ir a México o permanecer en ese estado.
Fue allí donde construyeron en 1874 un pequeño templo que se convirtió en la primera iglesia protestante del sur de Texas de corriente metodista.
Junto a la pequeña capilla, hoy conocida como la iglesia Jackson, pintada de blanco y con hileras de sillas alargadas en su interior, Nathaniel y su hijo Martin establecieron en su día un cementerio, que Ramiro empezó a recorrer desde muy pequeño de la mano de su abuela.
No lejos de ahí está un segundo camposanto que Nathaniel dejó en herencia a su otro hijo, Eli Jackson.
Pese a haber existido durante más de un siglo, esos dos cementerios, protegidos por la Ley de Preservación Histórica Nacional de 1966, peligran hoy en día porque se ubican en el trazado del muro fronterizo.
«Son dos cementerios que van a romper, los van a destruir y la iglesia también», se quejó Ramiro.
«La única pregunta -prosiguió- que tengo a esa gente que va a hacer esto, que vienen siendo el presidente, los senadores y los representantes (de la Cámara Baja) es: ‘Cuando ya mueran y miren a Dios ¿Cómo van a explicar estos cristianos, que dicen que son cristianos, a nuestro Dios que ellos fueron parte de la destrucción de dos cementerios históricos y una iglesia?»
Para Ramiro, esas personas no tienen sentimientos y no reconocen que estos lugares son «bien especiales».
Y ante la posibilidad de que desaparezcan, este sicólogo confiesa que no sabe si podrá soportarlo.
«No pasa una semana en la que no voy a ir a ver a mi papá y mis abuelitas, y lo van a destruir», se lamenta Ramiro, para quien no hay necesidad de ese muro en una frontera de la que siempre ha vivido «cerquita».
«Tengo tres niñas, montan sus caballos y van a la frontera, cerquita de donde está el río (Bravo, que separa México de Estados Unidos)… No hay peligro», sentencia con contundencia, en contradicción con lo que argumenta Trump.
¿UNA EMERGENCIA NACIONAL?
El pasado 15 de febrero, Trump declaró una «emergencia nacional» con la que buscaba sumar otros 6.600 millones de dólares a los 1.375 millones aprobados por el Congreso para el muro en la frontera.
Con esa medida, el presidente buscaba reunir casi 8.000 millones de dólares para erigir unos 376 kilómetros de una barrera fronteriza que estaría formada por postes de acero, según la Casa Blanca.
Para Earthjustice, esta es una acción que viola el primer artículo de la Constitución de EE.UU., que le da al Congreso el poder de adjudicar fondos.
«La demanda es para frenar el dinero que viene de la declaración de emergencia, no toca el dinero ya dirigido por el Congreso para el muro», explica a Efe Raul García, director legislativo de Comunidades Saludables de esa organización.
La querella, presentada ante una corte federal en el Distrito de Columbia, busca frenar el impacto del muro.
«Va a devastar toda la región, en términos ambientalistas, por ejemplo», asegura García, quien alertar de que la zona alberga especies en vías de extinción «que no saben que hay una frontera» y que un muro puede aumentar el riego de desbordamientos, como los ocurridos en 2008 en Nogales (Arizona), que «costaron millones de dólares y se cobraron la vida de dos personas».
