Matamoros (México), 1 oct (EFE).- José Elías Canis es uno de los miles de menores de edad que atraviesan México desde Centroamérica en busca del sueño americano en Estados Unidos, aunque ello signifique truncar su educación por un periodo indeterminado.
José, quien vive desde hace más de dos meses en la Casa del Migrante de Matamoros, ciudad fronteriza del nororiental estado de Tamaulipas, cuenta a Efe que le gustaba su escuela y el dibujo cuando su madre, María Canis, decidió reencontrarse con su esposo en Estados Unidos, sin saber qué pasaría con la educación de su hijo.
«Sí, estaba estudiando tercero de primaria. Ahora no sé porque no sabemos si aquí puede estudiar», comenta Canis, quien está consciente de las necesidades de su niño de ocho años, pero alberga la esperanza de que ambos reciban asilo político y pueda darle un futuro mejor.
La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a atravesar el país para llegar a Estados Unidos.
Muchísimos son menores de edad. El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta que, desde enero al 5 de septiembre de este año, se han presentado ante las autoridades migratorias a 138.491, de los que 43.598 -el 31,5 %- son «niñas, niños y adolescentes».
De estos, 10.318 no estaban acompañados por algún adulto.
Ante esta situación, el secretario de Educación de Matamoros, Alejandro Villafañez Zamudio, intentó implementar un programa para atender a niños y adolescentes, pero argumenta que los padres se mostraron indiferentes por estar, ante todo, preocupados por la cita con las autoridades estadounidenses para obtener el asilo político.
«Nos encontramos que hay niños de primaria, niños que no han estudiado en años, niños que no saben leer. Lo que tratamos de hacer es ayudar con ciertas actividades lúdicas y también educativas en lo que se permite, pero esto no ha podido consolidarse debido a la resistencia por parte de los padres de familia», indica Villafañez.
Otros migrantes explican que sacaron desde hace tiempo a sus hijos de la escuela por falta de recursos.
Como Félix Pérez, quien puso a trabajar a sus dos hijos desde que estaban en su natal San Pedro Sula, Honduras, porque la educación es «demasiado cara».
«A mis hijos, después del séptimo grado, me tocó sacarlos porque yo no tenía esa capacidad, siendo una persona pobre, de sostener la presión de la escuela», admite a Efe.
SOCIEDAD CIVIL AL RESCATE
La suerte ha sido diferente para Elisa Cloter, quien relata a Efe que llegó con sus dos niños y una niña a la norteña ciudad de Monterrey después de tres meses de dejar La Ceiba, en el Caribe hondureño, por las protestas violentas contra el presidente Juan Orlando Hernández, que incluso afectaron a las escuelas.
Sus hijos, Heiker, de 6 años, y Ayksa y Josúe, de 7, se muestran emocionados por la oportunidad que ofrece la Casa INDI, un albergue que acoge a indigentes y migrantes.
Y donde además de comida y refugio hay clases de inglés y español, así como un programa para reincorporar a los menores de edad a la escuela.
«Vino una muchacha y les empezó a enseñar las vocales y todo eso. Aquí en ese aspecto me están ayudando, gracias a Dios. Eso es también importante, no solo la comida. Ellos también enseñan. Nos ayudan en lo que ellos pueden», comenta Cloter.
La hondureña, quien se plantea permanecer en Monterrey para trabajar, pide a las autoridades mexicanas facilidades para inscribir a los niños en la escuela y está preocupada por el rechazo y racismo, sobre todo porque son negros.
En eso coincide el sacerdote Felipe de Jesús Sánchez Gallegos, fundador de la Casa INDI, quien destaca la relevancia de integrar a los migrantes, en particular a los niños, a quienes también les proporciona transporte escolar, uniformes, útiles y mochilas.
«Es importante porque se trata, no de migración, sino de humanismo y humanidad. Algún día vamos a necesitarnos. Y nadie está exento de caer en la desgracia», expone el religioso.
Aunque al principio las familias locales mostraban «recelo», el director de una escuela pública se acercó a la Casa INDI para atender a los niños, algo a lo que se han adaptado tanto maestros como padres, detalla el representante de la organización.
La sociedad civil de Tijuana, en Baja California, también se ha movilizado para organizar el proyecto educativo «Schools on Wheels Bus» (Escuela sobre ruedas en un autobús), perteneciente a la organización Yes We Can World Foundation, que brinda educación a niños migrantes que esperan su trámite de asilo estadounidense.
La actriz y conductora colombiana Estefanía Rebellón, quien encabeza el proyecto y vive en Los Ángeles, California, adaptó un autobús para llevar educación bilingüe a los albergues con apoyo de activistas, que actualmente están al lado de la fundación Pro Amore Dei, donde atienden a más de 30 niños de entre 10 y 12 años de edad.
DENUNCIAN BARRERAS
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en multitud de ocasiones que protegerá los derechos humanos de todos los migrantes.
Y el pasado 14 de junio prometió «todo el apoyo a los niños» migrantes, a quienes incluso ofreció naturalizarlos mexicanos «si se necesita», cuando se le cuestionó si el Gobierno mexicano estaría dispuesto a asumir su educación.
Además, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en conjunto con la Unicef, presentó el 31 de julio el «Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes solicitantes de asilo y refugiados en México».
El protocolo, que estaba en su fase inicial, establece que «es necesario» un trabajo «estrecho» con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la «inserción en el sistema educativo formal» de las niñas, niños y adolescentes no acompañados.
Efe contactó en reiteradas ocasiones sin éxito a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conocer los programas existentes en los que pueda participar la institución.
Pese a las buenas intenciones expertos consultados por Efe alertan de falta de sensibilidad y atención de las autoridades en materia educativa.
Sobre todo, ante la falta de un censo y una política definida del Gobierno federal.
«No tenemos una situación tan clara de lo que va a hacer el gobierno. No nos indican cuál va a ser la estrategia, lo que nos hemos topado hasta la fecha es que va a haber diferencias en cuanto al acceso», indica Gilda Maribel Álvarez, encargada del área de trabajo social de la ONG Sin Fronteras.
La especialista detalla que un obstáculo es que los menores de edad acuden de «manera irregular o a destiempo» a realizar los trámites necesarios para recibir educación.
Y puntualizó que son más vulnerables quienes no cuentan con un documento migratorio o la Clave Única del Registro del Territorio (CURT).
Otros peligros son la violencia, el riesgo de desaparición y el acecho de los grupos del crimen organizado, añade Hugo Córdoba, coordinador nacional de educación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se enfoca en reducir la vulnerabilidad de los menores de edad.
El experto explica que falta información clara sobre la situación de muchos migrantes y, por ejemplo, su certificación académica, lo que dificulta el actuar.
«Un chico en una escuela o centro educativo recupera sensación de normalidad, de estar donde tiene que estar, construyendo su identidad, su futuro, menos expuesto a riesgos», concluye.
