México, 15 oct (EFE).- México será examinado el próximo 16 de octubre por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto a temas de seguridad, migración, desapariciones forzadas, acceso a la justicia, entre otros.
Un grupo de más de cien organizaciones elaboró un informe donde se critica la participación de los militares en tareas policiales pues afirman que dicha medida no ha sido eficaz como estrategia de seguridad pública y señalan que ha propiciado el aumento de la violencia en los últimos años.
Aseveran que «la militarización incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura» al tiempo que señalan que la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional resulta contraria al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Las organizaciones de la sociedad civil pusieron énfasis en la situación de los migrantes en el país, porque de acuerdo a cifras oficial de 2014 a 2016 se han cometido 5.824 delitos contra ellos en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila, mientras que a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias contra estos casos.
En cuanto al acceso a la justicia estas indican que aunque se creó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República la persistencia de la violencia impune ha incrementado gravemente.
El informe presentado a Naciones Unidad incluye documentación sobre el asesinato de 161 personas dedicadas a la defensa de derechos humanos y 2.530 agresiones contra periodistas, incluyendo 47 homicidios contra comunicadores.
Indican que la situación continúa incluso con la nueva administración presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y exponen que «de enero a agosto de 2019, se ha reportado el asesinato de 13 periodistas, y al menos 18 personas defensoras» y señalaron que cuatro de ellas contaban con medidas de protección del Mecanismo Federal para personas defensoras y periodistas.
Por otro lado, se quejaron respecto a las consultas realizadas por el nuevo gobierno respecto a los proyectos insignia ya que el «Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa que la consulta debe realizarse a través de procedimientos adecuados y a través de instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas» y a su parecer no se cumple.
«México dista fuertemente de lo señalado en los tratados internacionales, pues las comunidades indígenas se enfrentan constantemente a la aprobación de leyes que las lesionan y de proyectos que acaban con sus territorios», criticaron.
