México, 16 oct (EFE).- Cuando se cumple un año de la llegada a México de las primeras caravanas de migrantes centroamericanos con el objetivo de alcanzar Estados Unidos, el país latinoamericano ha endurecido su política migratoria mientras miles de personas mantienen su sueño americano.
Fue el 19 de octubre de 2018 cuando cerca de 3.000 personas, en su mayoría hondureños que habían partido de su país una semana antes, rompieron un cordón policial en la frontera entre México y Guatemala para acceder a territorio mexicano dando inicio a una crisis migratoria que dura hasta hoy.
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS CARAVANAS?
Desde hace décadas, México es una ruta natural de migración hacia Estados Unidos utilizada por centroamericanos y también por los propios mexicanos, que buscan en el país vecino una oportunidad.
Y desde hace diez años, se registraban centroamericanos que llegaban a México en grupo, pero estas «caravanas» estaban configuradas por mujeres que buscaban a sus hijos y esposos desaparecidos al migrar, y luego regresaban a sus países, contó este miércoles a Efe Eduardo González, experto en migración del Tec de Monterrey.
Por ello, las caravanas masivas que han cruzado México desde octubre de 2018 marcaron un cambio de paradigma.
Ahora viajan en grupo con «la intención de quedarse en México o llegar a Estados Unidos» debido a la ola violencia y pobreza que sufren en sus países.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2016 vivían por debajo del umbral de pobreza un 53,5 % de los hondureños, un 50,5 % de los guatemaltecos y un 40,5 % de los salvadoreños.
Mientras que la violencia también se ensaña en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde El Salvador registró 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, en Honduras fueron 42,8 por cada 100.000 habitantes y en Guatemala 26,1 por cada 100.000 habitantes.
¿CÓMO SE ORGANIZAN?
El 12 de octubre de 2018, unas 200 personas se concentraron en la estación de autobuses de San Pedro Sula (Honduras) para dirigirse hacia México en una comitiva a la que se fue sumando gente.
La novedad en este tipo de migración es que las personas ya no recurrían a polleros (traficantes de personas) sino que se organizaban en forma de caravanas para protegerse.
Aunque teorías no confirmadas han señalado que detrás de estas caravanas estaban traficantes de personas, la oposición hondureña o incluso el Gobierno estadounidense, esto ha sido desmentido por expertos en la materia.
«Quienes vimos a esos hombres, mujeres y niños emprendiendo un camino épico sabemos perfectamente que no había una mano negra detrás. Lo que les empuja a huir es que los mata el hambre, los matan las balas y tienen Gobiernos corruptos que no les protegen», explicó este miércoles a Efe el periodista Alberto Pradilla, quien siguió este éxodo y lo plasmó en el libro «Caravana» (Debate).
¿QUÉ HIZO EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO?
La Policía mexicana intentó frenar la primera caravana por la fuerza pero ante el alud de migrantes, el Gobierno del entonces presidente saliente Enrique Peña Nieto (2012-2018) prometió atender las solicitudes de asilo a los que entraran de forma regular, y esos migrantes fueron congregados en la ciudad chiapaneca de Tapachula, prácticamente fronteriza con Guatemala.
En cambio, los que entraron de forma irregular cruzando el río Suchiate lograron atravesar el país hasta Tijuana, frontera con Estados Unidos, viajando a pie y en autobús, y hospedándose en instalaciones habilitadas por autoridades locales como el Gobierno de Ciudad de México.
Una travesía que imitaron en días siguientes hasta otras cuatro caravanas de centroamericanos más con miles de personas que fueron quedando varadas en la frontera de Estados Unidos ante las restricciones de acceso que impuso el presidente Donald Trump.
¿QUÉ CAMBIÓ CON LÓPEZ OBRADOR?
Con la llegada a la Presidencia en diciembre, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador prometió un «trato más humano» con los migrantes y el Gobierno recibió con visas humanitarias a una caravana que llegó el 18 de enero de 2019, pero esa actitud cambió conforme aumentaba la presión de Trump.
El presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos si no se reducía el flujo migratorio, por lo que ambos Gobiernos cerraron un acuerdo el 7 de junio por el que México se comprometía a desplegar la recién creada Guardia Nacional en las fronteras.
Esto marcó un fuerte punto de inflexión en la política migratoria de México, que si bien ha defendido que sigue respetando los derechos humanos, ha prácticamente militarizado sus fronteras.
Según datos ofrecidos esta semana por el Gobierno de México, cerca de 12.000 agentes federales han sido enviados a la frontera con Guatemala y casi 15.000 a la de Estados Unidos, algo que según el Gobierno mexicano ha conseguido reducir en cerca de un 60 % el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense.
Asimismo, se han interceptado -algunos de ellos en condiciones de salud precarias- a más de 61.000 migrantes.
¿QUÉ OCURRE EN LA ACTUALIDAD?
Mientras que en la frontera norte de México están desbordados de personas que esperan audiencia para solicitar asilo en Estados Unidos, la sureña Tapachula se ha convertido en un lugar de contención de miles de migrantes, donde además de centroamericanos han llegado cubanos, haitianos, cameruneses o congoleños,
De hecho, unos 3.000 migrantes abandonaron el fin de semana esta ciudad para emprender una nueva caravana que fue disuelta por las fuerzas de seguridad. Poco antes, una embarcación naufragó en las costas del estado de Chiapas, donde murieron dos cameruneses.
Eduardo González advirtió que «la primera consecuencia del despliegue de la Guardia Nacional -el nuevo cuerpo de seguridad creado por López Obrador- es que los migrantes opten por rutas más inseguras exponiéndose a los asaltos y asesinatos» o por recorrer de nuevo el país en el peligroso tren de carga apodado La Bestia.
«Mientras no se den las condiciones socioeconómicas para que la gente se quede en Centroamérica, la crisis migratoria va a seguir», aseveró el profesor, quien celebró que López Obrador haya planteado un plan de desarrollo para crear empleos en la región y evitar la migración forzada.
En tanto, decenas de organizaciones civiles han criticado que la nueva política de México ha agudizado las violaciones a derechos humanos de migrantes en el país.
Uno de los casos más graves documentados aconteció el 1 de agosto, cuando se produjo la muerte de un hondureño por disparos de agentes policiales de Coahuila, en el norte del país, en un caso que llegó a lamentar el presidente de México.
