Naciones Unidas, 17 oct (EFEUSA).- El relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González Morales, pidió este jueves más esfuerzos para proteger los derechos de las mujeres y las niñas migrantes y para contrarrestar la «cada vez mayor» tendencia del discurso del odio y xenófobo.
En una rueda de prensa en Nueva York, coincidiendo con la presentación de su informe anual ante la Asamblea General, González subrayó que a pesar de que ha habido iniciativas, especialmente de ciudades, y de la sociedad civil de algunos países «todavía hay muchos problemas que hay que abordar».
En este sentido, animó a los estados a que tomen más medidas en asociación con organizaciones de la sociedad civil y con organismos e instituciones internacionales.
En su comparecencia, destacó la importancia de las visitas sobre el terreno para evaluar la situación de los migrantes y subrayó que Estados Unidos todavía no le ha permitido visitar varias localizaciones que ha solicitado ver en persona.
Sobre el discurso del odio, advirtió del «empeoramiento» de esta tendencia en el mundo, por lo que subrayó que es «muy importante, sobre todo para los países de alto nivel, que eviten los discursos inflamatorios y xenófobos».
«En lugar de esto, deben promover iniciativas para evitar el empeoramiento de esta tendencia y que no se extienda en las sociedades», agregó González.
Junto a los derechos de las mujeres y niñas migrantes y la expansión del discurso del odio, sobre el que también ha advertido en varias ocasiones el secretario general de la ONU, António Guterres, González también apuntó que la tercera prioridad de este año había sido el seguimiento de la aplicación del Pacto Mundial sobre Migrantes.
Una iniciativa multilateral que el relator calificó como clave para mejorar la defensa de los derechos de las personas que abandonan sus países en busca de una vida mejor.
El pasado 19 de diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular con el apoyo de 152 países y con el rechazo de Estados Unidos, Polonia, Hungría, Israel y la República Checa.
El acuerdo, que no tiene carácter vinculante, busca poner mayor atención en las personas migrantes, así como en los países de tránsito, origen y destino.
