México, 21 oct (EFE).- El Gobierno de México ha cancelado deudas a empresas vinculadas al crimen organizado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, desveló este lunes una investigación de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI).
Según MCCI, entre agosto y octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló a nivel general 13.934 adeudos fiscales por un monto superior a los 126.000 millones de pesos (unos 6.583 millones de dólares), todo ello tras analizar bases de datos oficiales obtenidas y procesadas.
El 20 de agosto, el SAT realizó una primera cancelación de 10.583 adeudos por 79.000 millones de pesos (unos 4.127 millones de dólares), mientras que el pasado 10 de octubre notificó una nueva cancelación, esta vez de 3.351 créditos por 47.000 millones de pesos (unos 2.455 millones de dólares).
«En conjunto, los adeudos cancelados en un lapso de tres meses representan tres veces el presupuesto asignado en 2019 para Jóvenes Construyendo Futuro, uno de los programas sociales emblema del actual Gobierno federal, y superan al desembolso que se tuvo que hacer por la cancelación anticipada de 692 contratos en el aeropuerto que se proyectaba hacer en Texcoco», denunció MCCI.
Algunas de las empresas condonadas estarían relacionadas con el crimen organizado.
La organización -muy crítica con la cancelación de aeropuerto de Texcoco, que había de dar servicio a la capital- detalló que la actual Administración federal canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos (4,8 millones de dólares) a una empresa propiedad de Juan Manuel «El Mono» Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una corte federal de Texas (EEUU) de los «delitos de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína», aseguró la entidad.
Dicha cancelación del adeudo «al presunto operador financiero del cártel de Los Zetas fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019».
MCCI indicó que «el SAT también canceló el pasado jueves 10 de octubre una deuda por 7.000 millones de pesos (unos 365,7 millones de dólares) a Leadman Trade SA de CV, empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular FICREA, que afectó a 6.000 ahorradores en ocho estados».
El accionista mayoritario de ambas empresas era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado de haber desviado el dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo.
En el listado de los adeudos cancelados entre agosto y octubre figuran también seis empresas involucradas en el esquema de La Estafa Maestra, una gran trama de desvío de dinero público durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A dichas empresas, el actual Gobierno federal les perdonó el pago de 3.647 millones de pesos de impuestos (unos 190,5 millones de dólares).
De acuerdo con MCCI, el SAT precisó en una hoja informativa que las cancelaciones de los adeudos se dan por insolvencia del contribuyente, la cual se determina una vez agotado un proceso de investigación en el que los agentes fiscales no logran localizar bienes susceptibles de embargo con los que se pueda cubrir el crédito fiscal.
Sin embargo, la organización aseguró que al menos dos empresas dedicadas a la distribución de combustible en las que «El Mono» Muñoz aparece como accionista todavía operan en el estado de Coahuila.
Y en el caso de Rafael Antonio Olvera con FICREA, las autoridades de justicia le han identificado múltiples bienes en Estados Unidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue preguntado por este tema este lunes en su conferencia de prensa matutina y respondió escuetamente alegando que «habría que revisarlo» y que informarán sobre ello en su debido momento.
Asimismo, esgrimió que hace dos meses él mismo emitió una orden para detener la condonación de impuestos.
«Se hacían trámites hasta que nos dimos cuenta y di la orden de que quedaban canceladas las condonaciones, entonces puede ser que se traten de condonaciones de diciembre a julio (por las que preguntó la periodista)», dijo.
Sin embargo, la reportera respondió que se tratan de condonaciones fechadas de agosto y octubre.
Al oírlo, el mandatario volvió a responder: «No creo, si es así estarían cometiendo un ilícito, sería una infracción grave del servidor público que las autorizó y, si fuese así, tendría que renunciar el que lo hizo».
