México, 3 sep (EFE).- Distintas organizaciones especializadas en derechos humanos y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa lamentaron este martes la liberación de Gildardo López Astudillo «El Gil», uno de los principales acusados del caso.
«Muestra lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos que esto pueda rectificarse con esta Fiscalía autónoma», dijo en un comunicado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expuso a través de un comunicado que firma con otras ONG que han ayudado a los familiares de las víctimas que esta sentencia «confirma el fracaso judicial de esta investigación».
La sentencia, a sus ojos, es «consecuencia de las irregularidades y violaciones graves a los derechos humanos» cometidas por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) «durante la administración anterior».
Asimismo, consideraron que la actual Fiscalía «no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias».
Y advierten: «Podrían también ser absueltos en breve más acusados que presumiblemente cuentan con información sobre el paradero de los estudiantes».
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Según la versión oficial de lo ocurrido esa trágica noche, los estudiantes fueron incinerados en un basurero y sus restos lanzados a un río.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso echó abajo dicho versión al considerar imposible científicamente que los cuerpos fueran quemados en el basurero de Cocula.
Además, pidieron investigar el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, las redes de telefonía, así como la actuación de los militares esa noche.
El juez desestimo este lunes 81 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y, con base en el resto de evidencias, consideró que no había elementos para condenar a López Astudillo.
El Gil había sido señalado como el vínculo entre la directiva de los Guerreros Unidos y sus bases en la región de Iguala y fue quien supuestamente dio aviso al líder de esta banda de la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición.
Cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llegó al poder el pasado 1 de diciembre, el caso se reabrió creándose una comisión especial únicamente para el caso.
Con la liberación de López Astudillo suman ya 44 los acusados que han sido liberados por su vinculación con el caso de Ayotzinapa, por cargos sustentados en lo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) defendió como la verdad histórica.
El Centro Prodh expuso este martes que esta nueva liberación evidencia que, aunque la administración de López Obrador ha dado pasos hacia el esclarecimiento del caso, «es indispensable que se actúe con más firmeza y prontitud».
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo a los medios que, desde su posición y la de las familias, no se interpreta esta resolución como una decepción.
«No, no es cierto. Estamos trabajando, estamos trabajando con ellos (con los familiares) de manera muy firme».
Preguntado por si en esta ocasión falló la Fiscalía, respondió: «Ese es un asunto que tenemos que revisar».
