México, 4 sep (EFE). – El Gobierno de México anunció este miércoles que promoverá la investigación de jueces y funcionarios que han cometido fallas y omisiones en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014, tras la absolución de uno de los principales acusados.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, criticó durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, emitida el 30 agosto por el juez federal Samuel Ventura.
Encinas dijo que López Astudillo, conocido como «el Gil», es reconocido como jefe de plaza del cártel Guerreros Unidos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, donde desaparecieron los jóvenes el 26 de septiembre del 2014.
«El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas que buscaban acreditar el delito de secuestro y se circunscribió a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación», relató.
Asimismo, añadió, Ventura consideró que se había aplicado tortura pese a que la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) realizó los exámenes médicos y psicológicos establecidos en el Protocolo de Estambul, que demostraron que el sospechoso no había sido torturado.
«Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores de la desaparición forzada, y viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso», expuso.
Precisó que de las 142 personas detenidas, a la fecha han sido liberadas 53 y existe el riesgo de que otras 50 también lo sean.
El funcionario consideró que esto pone de manifiesto una indebida investigación por parte de las autoridades ministeriales y arremetió contra la «verdad histórica», como fue llamada durante el anterior Gobierno la versión oficial de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Según esa versión, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
«La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, la fabricación de pruebas y la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas», declaró Encinas.
Igualmente fustigó a los jueces argumentando que «habiendo elementos claros y suficientes para fincar responsabilidades, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que, con una muy laxa interpretación de la ley, se puedan retirar los cargos que se imputaron a los detenidos».
Para el funcionario, esto expone la necesidad de una «revisión profunda de los criterios judiciales» que tome en cuenta que «la justicia no puede reducirse a la interpretación de la ley».
Encinas exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR), que reemplazó a la PGR en diciembre de 2018 y que a diferencia de ella cuenta con autonomía respecto del Ejecutivo, para que «reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente».
Anunció que se interpondrán de inmediato ante la Fiscalía General y el Poder Judicial los recursos necesarios para que se investigue a funcionarios y jueces que han intervenido en el caso.
Porque «en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia, se está generando un pacto que favorece el silencio y la impunidad», denunció.
No descartó que entre las personas a quienes se finquen responsabilidades esté Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR y quien enunció la «verdad histórica».
«Por parte de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, continuaremos las investigaciones y diligencias en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General hagan su trabajo», puntualizó.
El Gobierno de López Obrador, en la Presidencia desde el 1 de diciembre de 2018, ha reabierto el caso y establecido una comisión especial del caso, brindando nuevas esperanzas a los familiares de los desaparecidos.
Pero la absolución de López Astudillo ha asestado un nuevo golpe a sus expectativas de justicia y provocado críticas de organizaciones de derechos humanos.
«(La absolución) muestra lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos pueda rectificarse con esta Fiscalía autónoma», dijo esta semana el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expuso en un comunicado firmado con otras ONG que han ayudado a los familiares de las víctimas que esta sentencia «confirma el fracaso judicial de esta investigación».
Asimismo, consideraron que la actual Fiscalía «no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias».
