México, 15 sep (EFE).- El Gobierno de México calificó de un «grave precedente» y una afrenta la investigación sobre la resolución judicial de liberar a 24 acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014.
«Esta resolución sienta un grave precedente, otorga beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, solo con la mera presunción de inocencia», dijo en rueda de prensa el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, titular de la Comisión de la verdad del caso Ayotzinapa.
Con la liberación de estos 24 acusados -ordenada este sábado por el juez primero de distrito de procesos penales de Tamaulipas- ya han dejado la prisión 77 de los 142 acusados en el caso Ayotzinapa, en tanto otros 65 continúan en prisión, informó el funcionario.
Expresó que de mantenerse «esta tendencia y como es evidente la intención política de hacerlo», podrían otorgarse más liberaciones en los próximos días, cuando se cumplirán 5 años de la desaparición de los estudiantes.
El funcionario precisó que en los casos que quedan pendientes, se han desechado 63 de las 107 pruebas que fueron aportadas or las autoridades, aunque se corre el riesgo de que sean desestimas por irregularidades en su obtención.
Los 24 liberados eran policías en Iguala, Cocula y Huitzuco, municipios del estado de Guerrero, la noche que los 43 estudiantes fueron detenido, entregados al crimen organizado, que los habría asesinado, quemado y tirado sus restos a un río, según la versión oficial presentada en el año 2015.
Encinas dijo que esta liberación es una afrenta a la investigación de la Comisión de la verdad porque «privilegia el derecho de los perpetradores sobre el derecho de justicia de víctimas, sus familias y la sociedad».
Señaló que la resolución del juez representa «las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior» y deja en libertad a quienes alteraron la investigación y cometieron delitos.
Encinas destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos legales contra el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y contra José Aarón Carro, extitular de la unidad especial del caso.
Al iniciar en diciembre pasado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue creada una Comisión de la Verdad al mando de Encinas, que ha mantenido constantes encuentros con los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Además, la FGR estableció una Fiscalía especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas.
El pasado miércoles López Obrador se comprometió con los padres de los 43 estudiantes a que el Ejército revele toda la información disponible del caso, una exigencia de los familiares.
