México, 19 sep (EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves las leyes secundarias de la reforma educativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la cual elimina disposiciones clave de una reforma previa de su antecesor, Enrique Peña Nieto.
Esta nueva ley, aprobada en lo general por 288 votos con 129 en contra y cero abstenciones, y en lo particular por 285 votos con 128 en contra sin abstenciones, abroga las leyes General de Educación, de 1993, y General de la Infraestructura Física Educativa, de 2008.
El dictamen comprende además la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la Reglamentaria del Artículo Tercero de la Constitución en materia de la Mejora Continua de la Educación.
La Cámara de Diputados informó en un comunicado que el dictamen de la nueva Ley General de Educación aprobado ha sido turnado ya al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
La nueva norma garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo tercero de la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.
La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza las funciones docente, directiva o de supervisión.
La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes, que se definirá conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales.
La Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la Constitución tiene como objetivo regular el Sistema Nacional en esta materia, que será retroalimentado por «evaluaciones diagnósticas».
Antes de la votación, la Mesa Directiva de la Cámara rechazó la petición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) de posponer la discusión de los dictámenes.
La líder de bancada del PRD, Verónica Juárez, leyó la carta en la que esos partidos advirtieron que, de procederse a la discusión y votación en el pleno, estas leyes «serán sometidas a la última reflexión de la Suprema Corte de Justicia, que previsiblemente las considerará inconstitucionales».
Argumentó asimismo que hubo violaciones al proceso legislativo, pues no se cumplió con la norma de realizar un análisis adecuado, con suficiencia técnica y el debido tiempo para llevar a cabo una discusión seria.
El secretario de la Comisión de Educación, Azael Santiago Chepi, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que en las leyes se establece un proceso claro de selección para el otorgamiento de plazas magisteriales. «No son plazas automáticas, y obviamente va a haber transparencia».
Añadió que en el proceso participarán el Gobierno federal, los Gobiernos estatales y representantes sindicales, para que se pueda priorizar a los egresados de las escuelas normales (para maestros) y de la Universidad Pedagógica Nacional.
Reconoció que en el pasado hubo «vicios» por parte de cúpulas sindicales que «no tuvieron la responsabilidad en la asignación y control de estas plazas y, en efecto, se hizo mal uso de ellas».
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), emitió un posicionamiento en el que objetó que las leyes secundarias dan preferencia a los egresados de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional, y que los sindicatos sigan teniendo injerencia en el proceso de otorgamiento de plazas.
Asimismo, exigió «que se plantee con claridad un esquema integral de evaluación diagnóstica, que permita conocer el estado de la educación».
La aprobación de estas leyes se dio en un contexto de presión por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantuvo un plantón ante la Cámara de Diputados en demanda de que sus exigencias fueran tomadas en cuenta.
La reforma educativa promovida por López Obrador, que entró en vigor en mayo, sustituyó a la impulsada por Peña Nieto (2012-2018), que establecía evaluaciones para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio docente, y eliminaba privilegios sindicales en este proceso.
La CNTE protagonizó multitudinarias y a veces violentas protestas contra la reforma de Peña Nieto, y especialmente contra la evaluación, a la que consideraba «punitiva».
