México, 25 sep (EFE).- La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México cumple un lustro con la versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto más desacreditada que nunca, tras la liberación de decenas de presuntos responsables, y el reto de empezar de nuevo y casi desde cero la búsqueda.
A casi un año de mandato, el compromiso de esclarecer el caso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador parece empezar a materializarse y esta semana comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala para encontrar indicios de los jóvenes.
Pero sigue afrontando enormes retos la investigación de este caso, que «mostró con toda su crudeza la realidad apabullante de las desapariciones forzadas en México», contó este miércoles a Efe Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias.
LA INSOSTENIBLE «VERDAD HISTÓRICA»
Acuciado por una enorme impopularidad, Peña Nieto dejó la presidencia en diciembre del año pasado y hasta su último día de mandato el Ejecutivo que encabezaba defendió la versión oficial de su Gobierno, conocida como «verdad histórica», sobre la tragedia sucedida la noche del 26 de septiembre de 2014.
La investigación gubernamental concluyó que policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 jóvenes, que estudiaban magisterio en la escuela normal rural -que forma a maestros- de Ayotzinapa, y los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cártel rival.
Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.
«Concluyeron que la teoría oficial del caso no se soportaba en suficientes pruebas científicas», expresó Aguirre, quien señaló que en los dos últimos años la situación «se agravó porque el caso comenzó a caerse en los tribunales que concluyeron que las pruebas no soportaban la realidad».
Eso explica que en días recientes se produjo la liberación de 24 expolicías municipales presuntamente implicados en el caso, jornadas después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, por falta de pruebas.
«Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales», dijo Aguirre al señalar que 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas «ilícitas» al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o detenciones arbitrarias.
¿REINICIAR LA INVESTIGACIÓN?
Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.
La comisión presidencial tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.
Con todo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.
«Sin duda alguna, en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia», lamentó Aguirre, quien señaló a Peña Nieto por haber «estirado» durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso.
El director del centro de derechos humanos sugirió, sin embargo, que «no hay que partir de cero» dado que los expertos internacionales hicieron un «gran trabajo» y de la investigación oficial se puede rescatar todo el rastreo telefónico.
LA IMPACIENCIA DE LAS FAMILIAS
Mientras el nuevo Gobierno pide más tiempo para investigar, dado que solo lleva casi diez meses de funcionamiento, para las familias ya han transcurrido cinco años de dolor, impaciencia y lucha con la convicción de encontrar vivos a los 43 estudiantes.
«Tenemos la esperanza de que pronto vamos a llegar a la verdad. La confianza (con López Obrador) se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones», aseveró contundente Cristina Baptista, cuyo hijo Benjamín desapareció cuando tenía 19 años.
Sin embargo, Cristina, quien califica la versión de Peña Nieto como «mentira histórica» admite que «este Gobierno es diferente del Gobierno anterior, que no hizo las búsquedas sino una simulación».
El lustro transcurrido tras el suceso ha sido eterno para esta madre que creía que Benjamín y sus compañeros se habían escondido en las montañas e iban a aparecer en una semana.
«Ya estamos por cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo están. Pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta saber de ellos y encontrarlos», aseveró.
