Washington, 22 ago (EFEUSA).- Si algo que ha estado bajo escrutinio en los últimos meses son las normas migratorias, que han sufrido cambios, reveses judiciales y ajustes por parte de la Administración de Donald Trump, como no se ha visto en años.
A continuación, la principales decisiones, algunas de las cuales han suscitado polémica y debates, y que incluso en ocasiones han llegado a ser demandadas ante tribunales.
– FIN DEL ACUERDO FLORES ¿DETENCIONES INFANTILES INDEFINIDAS?
Este miércoles, el Gobierno de Trump dio un paso en firme para atajar la llegada de familias indocumentadas, al anunciar una «regla final» destinada a acabar con las regulaciones del Acuerdo Flores, que desde 1997 regía las condiciones de detención de los inmigrantes menores de edad, entre ellas límites a su reclusión, con un máximo de 20 días.
El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, explicó en Twitter que la medida «elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños», después de que agencias como la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) denunciaran el tráfico ilegal de inmigrantes menores de edad.
Las autoridades aseguran que han detectado casos de niños y adolescentes usados por adultos con los que no tenían ninguna relación para entrar sin documentos al país, ya que hasta ahora el cumplimiento del Acuerdo Flores obligaba a agilizar el proceso migratorio o de deportación de las familias.
– NUEVAS REGLAS, NADIE SABE QUÉ PASA CON EL ASILO
Como uno de los mecanismos más usados por los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, el asilo ha acaparado la atención del Gobierno de Trump, que busca restringir la llegada de solicitantes de este amparo, en su mayoría sin documentos, por la frontera con México.
Regla del tercer país
El pasado 15 de julio, el país anunció que declararía «no aptos» para concederles asilo a los inmigrantes que entren o intenten hacerlo por la frontera sur y que no hayan solicitado antes este beneficio en un «tercer país» por el que hayan transitado en su camino a territorio estadounidense, que puede ser Guatemala o México.
El país ha permitido tradicionalmente que las personas soliciten asilo al llegar a la frontera sin tener en cuenta su ruta. Hasta ahora solo Canadá era considerado «tercer país seguro», en virtud de un acuerdo firmado por ambas naciones y en vigor desde 2004.
La nueva exigencia, que fue bloqueada en julio por un juez de San Francisco, ha quedado parcialmente en pie después de que una corte de Apelaciones estableciera que puede aplicarse en algunos distritos de California y Arizona, ambos estados fronterizos con México, pero no a escala nacional.
Las víctimas de violencia no son un grupo social
El 29 de julio, el fiscal general, William Barr, determinó que los familiares de una víctima de violencia no pueden optar al asilo como un «grupo social particular», en alusión a la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración a favor de un mexicano que se acogió al amparo después de que su padre fuera amenazado por narcotraficantes.
Barr argumentó que «el hecho de que un grupo criminal, como un cártel de drogas, una banda o una fuerza guerrilla, intimiden a un grupo de personas, no convierte de por sí a esas personas en un grupo social particular».
AMENAZA DE ARANCELES PARA FORZAR ACUERDOS MIGRATORIOS: MÉXICO Y GUATEMALA
México
El país y México llegaron el 7 de junio a un acuerdo, que puso fin a la amenaza de Washington de imponer aranceles a su vecino a cambio de expandir un programa que obliga a quienes solicitan asilo en el primero esperar en territorio mexicano hasta que se resuelvan sus casos.
El pacto se ha traducido también en el despliegue de miles efectivos de la nueva Guardia Nacional mexicana en las fronteras sur y norte para controlar el flujo migratorio.
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha descartado que México se vaya a convertir en un tercer país seguro que tramite el proceso de asilo.
GUATEMALA
Los Gobiernos de EE.UU. y Guatemala firmaron el 26 de julio un acuerdo que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio nacional.
Según el arreglo, que no menciona el término «tercer país seguro», los solicitantes de asilo que llegan a EE.UU. serán devueltos a Guatemala si, en su ruta hacia el norte, han atravesado ese país antes de llegar a suelo nacional.
El ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, ha señalado que el acuerdo solo se aplicará a inmigrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña, y ha insistido en que no serán un «tercer país seguro».
INMIGRANTES CON BENEFICIOS = «CARGA PÚBLICA»
El pasado 12 de agosto, la Administración de Trump presentó una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia permanente o de visas temporales -algunos hablan incluso de la ciudadanía- a los inmigrantes que las autoridades consideren que suponen una «carga pública».
Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en el país será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
Estos beneficios pueden ser asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.
CAMBIOS EN LOS VISADOS A INVERSORES
El pasado 23 de julio el Gobierno anunció que introducirá cambios a partir del próximo 21 de noviembre en su programa de visado para inversores, conocido como EB-5, entre ellos el primer incremento desde 1990 en el monto de la inversión mínima, que pasó de 1 millón de dólares a 1,8 millones de dólares.
La inversión en las zonas de poco empleo, denominadas «áreas donde impulsar el empleo» (TEA, en inglés), seguirá siendo un 50 % inferior a aquellas con alto índice de puestos de trabajo. En las TEA, la inversión pasará de 500.000 a 900.000 dólares.
Los inversión mínima se ajustará según inflación cada cinco años.
TAMBIÉN EL EXAMEN DE CIUDADANÍA
Otro de los anuncios tiene que ver con posibles cambios en el examen de ciudadanía, que se empezarían a ensayar a partir del próximo otoño, aunque no se definirá una fecha para su implementación definitiva hasta diciembre de 2020 o comienzos de 2021.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que está revisando el examen actual de ciudadanía, lo que puede incluir cambios potenciales en la parte lingüística de la prueba.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los aspirantes a la ciudadanía deben tener «una comprensión del idioma inglés, incluida la habilidad de leer, escribir y hablar palabras de uso ordinario», así como conocimientos de historia y de los principios y formas de Gobierno.
