México, 23 ago (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México urgió este viernes al Gobierno mexicano a garantizar los derechos de las víctimas de trata de personas, especialmente en el caso de los migrantes.
«La CNDH subraya la falta de una política integral que tenga como eje central la restitución de derechos a quienes han sido víctimas de la trata de personas y otras formas de explotación, que siguen sin ser detectadas por las autoridades, a pesar de que México cuenta con instrumentos internacionales y leyes en la materia», expresó el organismo en un comunicado.
En el contexto del Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, el organismo recordó que las Procuradurías y Fiscalías Generales, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus homólogas en entidades federativas «deben intensificar las acciones» para dar cumplimiento a la ley relacionada con esta materia.
Destacaron la importancia de poner especial atención en las víctimas extranjeras, que representan el 13 % de las totales identificadas por las fiscalías, ya que en las comisiones de atención a víctimas federales y estatales solamente son un 3 % las que se atienden.
«Esta información cuestiona si los derechos a la asistencia, atención, protección y reparación integral se garantizan en igual proporción a las víctimas extranjeras que a las mexicanas», precisaron en el comunicado.
Además, de las 658 posibles víctimas de trata identificadas como extranjeras entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, las autoridades desconocen el país de origen del 43 %.
Esta cifra pertenece a las 5,245 personas fueron identificadas como posibles víctimas de los delitos en materia de trata de personas por las fiscalías locales y federales, según el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México publicado por la CNDH el pasado 9 de julio.
La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.
El 7 de junio, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.
Como parte de este acuerdo, México envió a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo- y se contrató a más personal migratorio.
El 8 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos informó que las detenciones de indocumentados en la frontera con México cayeron cerca del 45 % tras dicho acuerdo.
