México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la producción eléctrica renovable de los privados.
En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional con la clave 89/2020.
El efecto es «que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo», indica este lunes la lista de notificaciones de la SCJN.
Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.
En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido este acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Con el argumento de garantizar la «confiabilidad» y «estabilidad» del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas «intermitentes» para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La Cofece, el organismo antimonopolios de México, impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».
En particular, la Cofece consideró que es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.
La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
«La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente», explica la notificación.
Tras conocer la decisión, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que el «Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético» en México.
«El Gobierno de México es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del SEN», publicó Nahle en sus redes sociales.
En contraste, empresarios mexicanos expresaron alivio.
«Una muestra clara de la importancia de la división de poderes en beneficio de los ciudadanos», manifestó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta 14 % del PIB está en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas energéticas.
Por estas acciones peligran 44.000 millones de dólares de inversión y 81.500 empleos en México, según las asociaciones de productores renovables.
La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener.
