San Diego (CA), 2 jul (EFEUSA).- Defensores de los derechos de los migrantes, abogados, periodistas, refugiados y solicitantes de asilo son el blanco de una campaña de «acoso», intimidación y amenazas por parte de autoridades de México y Estados Unidos, denunció este martes Amnistía Internacional (AI).
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que es la primera vez que denuncian la «criminalización y el acoso» de defensores de los derechos humanos en EE.UU., pero que las políticas «restrictivas» del Gobierno del presidente Donald Trump hacia migrantes y refugiados generan un clima de «persecución» también contra aquellos que defienden a estas personas.
En conferencia de prensa en San Diego, a metros de la valla que divide a México de California y del paso fronterizo de San Ysidro, la organización presentó el informe «Salvando vidas no es un crimen», que incluye 23 entrevistas a activistas, abogados y periodistas.
Todos ellos, indica, son sujetos desde 2018 a interrogatorios, detenciones e inspecciones a sus computadoras y teléfonos celulares al cruzar la frontera.
«Presentamos este reporte hoy en el puerto de entrada de San Ysidro porque es exactamente aquí donde vemos muchos de los abusos», comentó Brian Griffey, investigador para Norteamérica de Amnistía Internacional.
Este puerto fronterizo fue al que llegaron miles de personas que formaban parte de las denominadas caravanas de migrantes que cruzaron México para llegar a EE.UU., lo que llevó al Gobierno a endurecer aún más sus políticas migratorias y el proceso de asilo en EE.UU.
Griffey señaló que las autoridades migratorias explotan las lagunas legales para infligir a estas personas a procesos de intimidación, acoso y hostigamiento cada vez que cruzan la frontera para realizar una labor en favor de migrantes o solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Guevara-Rosas explicó que, en 2018, la organización comenzó a documentar la grave crisis de derechos humanos que, en su opinión, enfrentan migrantes y refugiados en sus países de origen y los de tránsito, y fue así como encontró que no solo estos grupos eran atacados, sino también quienes los defendían.
«Hay una tendencia en común: los blancos de esta campaña son personas que trabajan en diversos puntos fronterizos, en diversas organizaciones, algunas son voluntarias de organizaciones no gubernamentales, algunas son voluntarias de organizaciones religiosas que brindan ayuda humanitaria a estas personas», precisó.
«Ha sido muy aterrador ser el blanco de la vigilancia gubernamental», manifestó la abogada Erika Pinheiro, codirectora de la organización no gubernamental Al Otro Lado, la cual ofrece asesoría y acompañamiento legal a solicitantes de asilo en Tijuana, México.
En enero de 2019, Pinheiro fue detenida durante cuatro horas por autoridades mexicanas al intentar cruzar a pie desde Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro, quienes le negaron el acceso debido a una alerta migratoria, a pesar de que la activista contaba con una visa legal y radicaba en Tijuana (México) junto a su esposo e hijo pequeño.
«No quieren que los migrantes conozcan sus derechos porque el Gobierno de Estados Unidos está violando estos derechos sistemáticamente y no quiere que los defensores eduquen a los migrantes sobre sus derechos», consideró.
Por su parte, Hugo Castro, integrante de la organización no gubernamental Border Angels, la cual brinda ayuda humanitaria a migrantes, manifestó que, durante un año, fue enviado a inspección secundaria por autoridades estadounidenses en cada ocasión que cruzó la frontera.
El informe fue entregado este lunes a un representante del Gobierno federal mexicano, pero autoridades estadounidenses no aceptaron una reunión con AI, por lo que integrantes de la organización se manifestarán pacíficamente frente a las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en San Diego esta tarde.
Respecto a las recomendaciones emitidas en el informe, se hacen pronunciamientos al Congreso de los Estados Unidos, al Departamento de Seguridad Nacional y al DHS para que investiguen y terminen con el uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, abogados, periodistas y voluntarios que prestan ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo.
Guevara-Rosas también indicó que AI solicitará una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que escuchen de viva voz cada uno de los casos documentados en el reporte.
«Lamentablemente es una tendencia global, sobre todo de gobiernos autoritarios que buscan crear un enemigo de los defensores de derechos», dijo la directora para las Américas de AI.
Por este motivo, indicó, continuarán con su campaña no solo para que se conozcan estos casos, sino también para se «ponga fin a estas políticas represivas que buscan silenciar las voces de estos defensores».
