México, 13 jul (EFE).- El Senado mexicano puede declarar la desaparición de poderes en el estado Baja California para enfrentar la reforma constitucional que aprobaron esta semana legisladores locales que extendería, de dos a cinco años, el periodo de Gobierno del próximo mandatario estatal, dijo este sábado el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
Además, el veterano legislador calificó como un hecho «gravísimo» e «insólito» dicha reforma y que propuso que el Congreso de la Unión presente una controversia constitucional al respecto.
«Es una ruptura con la Federación. Es una ruptura del pacto constitucional, una cosa insólita», dijo a medios tras el informe de labores del presidente del Senado mexicano, Martí Batres, en Ciudad de México.
El pasado lunes, el Congreso local de Baja California amplió el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, quien ganó los comicios del 2 de junio con el partido Morena, mismo que llevó al poder al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El Legislativo local aprobó con 21 votos a favor y uno nulo que el mandato de Bonilla sea de cinco años, en lugar de los dos años establecidos por la ley con tal de homogeneizar los procesos electorales en todo el país.
Esta decisión ha sido tachada de inconstitucional por parte de muchos sectores políticos, incluido las directivas nacionales de algunos de los partidos cuyos legisladores estatales votaron a favor de la reforma.
«Hay que entrarle juntos (ambas Cámaras, Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión), mediante una controversia constitucional, para reconstruir la Federación en el Estado», señaló Muñoz Ledo.
Explicó que «si hay una controversia constitucional, yo sería partidario de una comisión investigadora» de cómo se procesó la reforma.
Añadió que hay dos vías más para solucionarlo: «la acción de inconstitucionalidad, que cualquier interesado en Baja California puede intentar», y «la desaparición de poderes, que está contemplada en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución».
Explicó que las controversias constitucionales corresponden al Congreso de la Unión; mientras que la desaparición de poderes, al Senado de la República, de acuerdo con lo establecido en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución Política, y a lo previsto en la ley reglamentaria del 28 de septiembre de 1978.
