Los Ángeles, 15 jul (EFEUSA).- Probar que México es seguro para los migrantes es la mayor debilidad de la política del Gobierno Trump para impedir que inmigrantes pidan asilo en la frontera sin haberlo hecho antes en un «tercer país seguro», advierten expertos que confían en medidas judiciales que impidan su entrada en vigor.
«México no es un país seguro para muchos solicitantes de asilo, como lo muestran los recientes casos de robo, secuestro y violación sexual contra estos inmigrantes que están esperando en las ciudades fronterizas mexicanas», advirtió a Efe Maureen Meyer de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
«Los solicitantes no deben ser obligados a tener que quedarse en un lugar donde sienten que sus vidas están en peligro», agregó.
La reacción de los defensores de los inmigrantes se dio este lunes tras el anuncio de la Administración del presidente Donald Trump de que rechazarán desde este martes las peticiones de asilo de extranjeros que en su camino a EE.UU. hayan pasado por un tercer «país seguro» y no realicen la solicitud en esos países primero.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya anticipó que irá a los tribunales para evitar que esta nueva normativa entre en vigor.
El subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt, dijo en un comunicado que «la Administración Trump está tratando de revertir unilateralmente el compromiso legal y moral de Estados Unidos para proteger a quienes huyen del peligro».
«Esta nueva regla es evidentemente ilegal y demandaremos rápidamente», subrayó Gelernt.
La nueva política se aplica específicamente a la frontera de Estados Unidos con México y reabre el debate de si se puede considerar que un país como México o Guatemala es seguro.
Las objeciones de los defensores de los inmigrantes y expertos citan la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece que los terceros países seguros deben permitir que las personas «tengan acceso a un procedimiento completo y justo para determinar una solicitud de asilo».
INA también exige que los terceros países seguros sean naciones «en las que la vida o la libertad del extranjero no se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política».
Meyer advirtió que «por años los migrantes en tránsito por México y solicitantes de asilo han sido víctimas de graves delitos en el país y el gobierno mexicano ha hecho poco para combatir estos peligros e investigar y sancionar a los responsables».
La activista señaló que no solo los centroamericanos serían perjudicados con esta nueva regla.
«Si Estados Unidos implementa esta nueva regla lo más probable es que ciertos solicitantes de asilo, como los cubanos, podrían decidir tratar de llegar al país por mar, lo que es sumamente peligroso», resaltó.
La situación también incrementará el intento de entrar al país de manera ilegal por zonas remotas, donde las vidas de estos inmigrantes están en mayor peligro, opinó Meyer.
El Gobierno Trump toma la decisión de implementar la medida veinte días después de que tres líderes demócratas le pidieran al ejecutivo que desistiera de sus planes de llegar a acuerdos con Guatemala y México para considerarlos como «terceros países seguros».
Bennie Thompson, Eliot Engel y Jerrold Nadler, que presiden los comités de Seguridad Nacional, de Asuntos Exteriores y Judicial de la Cámara baja de EE.UU., respectivamente, aseguraron que, de acuerdo a INA, «el presidente carece de autoridad legal para proceder con estas negociaciones».
Los congresistas advirtieron de que los informes de derechos humanos más recientes del Departamento de Estado sobre Guatemala y México «dejan en claro que estos países no cumplen con los estándares legales requeridos para nombrarlos como un tercer país seguro».
Beth Werlin, directora de American Immigration Council, dijo en un comunicado que se debe honrar la tradición estadounidense de extender una mano a las familias extranjeras que buscan seguridad.
«Esta nueva regla envía el mensaje opuesto: que Estados Unidos ya no es un faro de esperanza para aquellos que huyen de la persecución. El amplio anuncio de la administración pondrá a muchas familias en grave peligro «, puntualizó Werlín.
Se sumó a las críticas Tom Jawetz, vicepresidente de inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), quien dijo en un comunicado que EE.UU. no tiene ningún acuerdo de «tercer país seguro» con México y sus países vecinos, y que ninguno de ellos es, fin de cuentas, «seguro», tal y como exige el Congreso.
Por ello, consideró esta medida «viola el esquema legal establecido por el Congreso y es ilegal», y confió en que los tribunales actúen con rapidez para bloquear la medida.
