Washington, 18 jul (EFEUSA).- Kevin McAleenan, secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), consideró hoy que, pese a basarse en «buenas intenciones», el presidente Donald Trump «hizo bien» en poner fin a la controvertida política de tolerancia cero en la frontera.
«A pesar de las buenas intenciones, generó una pérdida de confianza por parte de la población, por lo que el presidente Trump hizo bien en ponerle fin», declaró McAleenan durante una audiencia en el Senado.
El funcionario, que asumió la jefatura del DHS el pasado mes de abril tras la renuncia de su predecesora en el cargo, Kirstjen Nielsen, lamentó el ruido mediático y el grado de atención que generó una medida que apenas fue aplicada durante unas semanas.
«Esta política duró seis semanas, terminó hace ya trece meses, y sin embargo es objeto de procesos judiciales que aún están en marcha, audiencias del Congreso, informes de la oficina del inspector general y cientos de artículos en los medios», apuntó.
La implantación de esta iniciativa supuso uno de los momentos más delicados del Gobierno, debido a las numerosas críticas que suscitó por parte de políticos y movimientos sociales.
Unos 2.700 menores fueron separados de sus padres el año pasado durante las cerca de seis semanas que estuvo vigente la política de tolerancia cero, que ordenaba la separación sistemática de los menores que entraban irregularmente en el país junto con sus familiares a través de la frontera con México.
McAleenan reconoció, no obstante, que se siguen produciendo separaciones en la frontera sur, pero con mucha menor frecuencia y siempre por orden judicial.
«Menos de 1.000 jóvenes han sido separados de sus padres al cruzar la frontera a lo largo del presente año fiscal», dijo el funcionario, quien subrayó que esta cifra ha de analizarse dentro del contexto de las cerca de 450.000 familias que han atravesado la frontera de manera irregular en ese mismo período de tiempo.
Por último, el secretario aseguró que estas separaciones, además, se llevan a cabo por el bien de los menores, en casos en que los padres tienen antecedentes judiciales, alguno de los miembros de la familia presenta síntomas de enfermedad o existen indicios que hagan temer por una situación de abusos.
«Hemos reducido estas cifras de los 2.700 niños a los 350 que teníamos bajo custodia ayer por la tarde», valoró.
