México, 24 jul (EFE).- La inseguridad continúa al alza en México con 17.138 homicidios en el primer semestre del año, una cifra récord pese a los esfuerzos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la ola de violencia.
Las cifras relativas a inseguridad y violencia en el país no consiguen disminuir, lo que convierte esta problemática en una de las principales lacras para el Gobierno liderado por el político izquierdista, que llegó al poder 1 de diciembre de 2018 ya con malas estadísticas en este campo.
En numerosas ocasiones durante estos meses el presidente mexicano admitió la dificultad que está teniendo el Gobierno para solucionar este problema, a la vez que propuso medidas para mitigar las consecuencias.
«(La violencia) es una asignatura pendiente y no hemos podido disminuir el número de delitos. Sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, pues es prácticamente lo mismo», reconoció el presidente el pasado 2 de julio en conferencia de prensa.
De acuerdo con los datos ofrecidos el pasado 21 de julio por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en junio de 2019 se registraron 232 asesinatos más (3.001) que en el mismo periodo del pasado año con 2.769, lo que supone un aumento del 8,38 % en este lapso.
El acumulado del primer semestre de 2019 alcanza los 17.138 homicidios dolosos, lo que supone una media de 95,2 asesinatos diarios y un 7,2 % superior respecto a las estadísticas del primer semestre del 2018, cuando se reportaron 15.973.
Algunos estados como Nuevo León o Hidalgo presentan un incremento de los homicidios de más del 50 %, mientras que otros como Baja California Sur o Nayarit han reducido su cifra más de la mitad.
Las cifras de junio representan el segundo registro mensual más alto de homicidios dolosos desde que en 1997 comenzaron a elaborarse las estadísticas, tras el mes de julio del 2018, cuando se reportaron 3.158 asesinatos.
La clave de la estrategia de seguridad del Gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha sido la creación de la Guardia Nacional, un organismo conformado por policías, militares y marinos que entró oficialmente en funciones este 30 de junio.
El Gobierno de México también ha asegurado que atenderá las causas de la violencia, y por ello ha ampliado el monto de ayudas a las familias y ha iniciado una campaña para prevenir el consumo de drogas.
Sin embargo, organizaciones civiles y analistas han mostrado su desacuerdo con este nuevo cuerpo, ya que según ellos está demostrando falta de coordinación con policías y nula efectividad.
«La Guardia Nacional dudo que tenga algún tipo de efecto porque básicamente lo cambian (el modelo de seguridad) de forma pero sigue siendo igual. Me sorprendería de sobremanera que afectase para bien», explicó a Efe el analista de seguridad Alejandro Hope.
Para Hope, la clave está en atender las causas de la violencia en México a lo que, según él, el Gobierno nunca ha prestado atención.
«El problema de fondo es que no entendemos del todo los resortes de la violencia. Hay factores estructurales, sociodemocráticos, de mercados ilicitos, etcétera, pero no solo es un problema académico, sino que significa que el gobierno opera a ciegas», detalló el experto.
Con esto, Hope se refirió al desconocimiento existente sobre las razones por las que disminuye la violencia en ciertos estados, lo que hace que sea imposible replicar las políticas aplicadas.
Y precisamente esta réplica es por la que aboga el director de la ONG Semáforo Delictivo, Santiago Roel, quien consideró este miércoles en entrevista con Efe que la regulación de las drogas es la única vía para reducir drásticamente las cifras de homicidios.
Además, instó a prestar atención a cómo algunos estados como Baja California Sur, Tamaulipas o Guerrero han conseguido recientemente que los delitos disminuyan.
«No diría que México sería un país en paz si se regulasen las drogas, pero sí conseguiría las condiciones para lograrlo. Se podría dedicar más tiempo a trabajar en temas (…) más allá de este monstruo oscuro» que representa el narcotráfico, aclaró Roel.
Según dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) este miércoles la estrategia del Gobierno de López Obrador también está lejos de ser la acertada.
Ya que según ellos no existe «coordinación y profesionalización policíaca, ni procuración de administración de justicia, ni prevención del delito», las tres claves para poder reducir la incidencia delictiva.
Según Santiago Roel, para quien la solución está en la regulación de al menos el cannabis y el opio, el Gobierno de Morena no ha dado el paso por miedo a que la sociedad lo confunda con la promoción de estupefacientes y porque la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos utiliza a México como «chivo expiatorio del fracaso de la política de drogas de EE.UU.».
Los organismos mencionados y muchos otros han criticado la pasividad de López Obrador, quien el pasado abril prometió que en seis meses conseguiría reducir las cifras de violencia.
