México, 3 jun (EFE).- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, lamentó este lunes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistiera a la presentación de un informe del organismo que contiene críticas a la actual administración.
González señaló que la entrega del informe de actividades 2018 de la CNDH se «concretó en un hecho por completo inédito» al ser presentado el documento ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Precisó que el informe fue entregado a la funcionaria debido al rechazo a la solicitud de la CNDH para que la presentación del documento se hiciera ante el presidente, «tal y como se había podido llevar a cabo durante los casi 29 años de existencia de este organismo autónomo».
«Más allá de un acto meramente formal, el encuentro abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH, como órgano constitucional encargado de la protección federal de los derechos humanos en México, pudiera exponer ante el Ejecutivo federal un balance anual sobre la situación de los mismos», dijo.
También brindaba la posibilidad de «reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso», añadió.
Pero todo ello no pudo concretarse, sostuvo, «al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados».
González expuso que en los primeros meses de gestión de López Obrador, iniciada el 1 de diciembre de 2018, «se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública».
«Tampoco se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros», apuntó.
Mencionó en especial «el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud, con la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el Gobierno de la República».
«No hay economía, ahorro o medida de austeridad que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente. Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud implica una violación a los derechos humanos», manifestó.
Por otro lado, mencionó el aumento en el número de asesinatos en 2019 (11.221 de enero a abril frente a los 10.512 del mismo periodo del pasado año), así como «la diversificación y alcances de las actividades del crimen organizado, las redes de apoyo social a las mismas, la violencia feminicida, los ataques contra periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos».
También citó «el notable aumento de los casos de linchamiento, la subsistencia de las desapariciones, así como el agravamientos de las agresiones y homicidios en contra de personal penitenciario, policías y miembros de nuestras Fuerzas Armadas».
De acuerdo con el ombudsman, todo ello enfatiza la necesidad de abordar la crisis de violencia en México con un enfoque que privilegie la prevención «y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como es la Guardia Nacional», en referencia al nuevo organismo de seguridad impulsado por López Obrador.
«En su concepción actual, la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad solo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo», consideró.
