Villahermosa (México), 6 jun (EFE).- El exgobernador del suroriental estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien fue preso por corrupción y recientemente liberado por un juez, regresó a su región natal y aseguró que demandará a su sucesor.
Al volver con su familia, dijo no estar arrepentido de haber cometido errores en su Gobierno, y también anunció que sus abogados preparan una contrademanda por daño moral en contra de su sucesor Arturo Núñez Jiménez (2013-2018).
Granier Melo incluso acusó al exgobernador Núñez y a su administración de haber estado tras el secuestro de su hermana Isabel Granier Melo durante once días, además de haberlo perseguido e inventado un presunto desfalco millonario que, asegura, no existió.
«Mi prioridad es limpiar mi nombre. El daño moral fue muy grave», apuntó a los medios.
Su abogado defensor, Miguel Romero, dijo al respecto que analizan la «mejor vía» y que se encuentran en la recopilación de los elementos legales para presentar una denuncia en el mes de junio.
Granier, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofreció este jueves un mensaje a una radiodifusora local, tras seis años sin pisar Tabasco.
Un contingente de amigos y seguidores recibió con besos y abrazos al exmandatario estatal.
Con carteles y lonas le refrendaron su apoyo: «¡Granier Inocente! Tu pueblo está presente» o «¡Bienvenido a casa Andrés Granier! Sus guerreras siempre presentes», rezaban las pancartas.
Durante la entrevista, el político acusado de corrupción reiteró que su «conducta fue recta».
Granier Melo enfrentó un litigio de seis acusaciones por enriquecimiento ilícito y tres acusaciones más por evasión fiscal, lo que le llevaron a prisión.
El primero de marzo del 2018 el exgobernador de Tabasco fue condenado por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) a casi 11 años de prisión y al pago de 196 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) por la reparación del daño en contra del erario público.
Pero después de casi seis años de litigio y tras pasar un tiempo entre rejas, un juez otorgó la «libertad absoluta» al exmandatario estatal, quedando sin efecto la acusación de desfalco por la que había sido condenado.
