Aguascalientes, Ags.-Los diputados de Aguascalientes aprobaron que se aplique el cese inmediato de aquel servidor público que incurra en conductas de hostigamiento laboral y acoso sexual, dentro o fuera de los centros de trabajo de las instituciones públicas.
Para ello, el Pleno de la LXIV Legislatura avaló el dictamen que emitió la Comisión de Servidores Públicos mediante el cual reforman diversos artículos y fracciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados.
La propuesta fue presentada por la legisladora priísta, Elsa Landín Olivares, y la cual implica que en las fracciones V y VI del Artículo 2 del citado Estatuto, se incluyan los conceptos de acoso sexual y laboral como motivo para rescindir el contrato laboral.
Previó a la votación de este dictamen, la legisladora panista Patricia García García se congratuló de la propuesta, ya que apuntó es una reforma que contribuye a la eliminación de estereotipos de conductas que denigran la dignidad principalmente de mujeres, que en muchos casos son víctimas de personas del sexo masculino que aprovechan su grado jerárquico para ejercer dominación, incurriendo en conductas de acoso laboral y hostigamiento sexual.
Por su parte, Landín Olivares explicó que la modificación contempla la inclusión de estos dos conceptos que ahora serán motivo de recisión del contrato laboral para quien cometa este tipo de conductas.
Asimismo sostuvo que las mujeres que laboran en el servicio público “todas somos víctimas de violencia sistemática” que atenta contra nuestra integridad psicológica, quienes, dijo, son objeto de bromas, burlas y comentarios soeces por parte de compañeros y jefes de trabajo.
En lo particular, el diputado panalista Armando Valdez Herrera refirió que también hay hombres que son víctimas de estas conductas, de ahí que propuso una reforma al Artículo 25 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados para que el imputado también tenga garantizado el derecho de audiencia y se siga un protocolo de investigación y proceso legal claro, lo cual fue aprobado por la mayoría del Pleno.
