Washington, 28 jun (EFE).- El Gobierno confió hoy en que el reciente acuerdo con México ayude a reducir hasta en un 25 % en junio el flujo de inmigrantes indocumentados y anticipó que planea ampliar el programa para que los solicitantes de asilo permanezcan del lado mexicano.
Así lo anunció en una rueda de prensa el secretario interino de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, quien intentó bajar la presión en torno al tema fronterizo, agitado por las denuncias sobre el trato a los niños inmigrantes en los centros de detención y las muertes ocurridas el fin de semana en el río Grande.
McAleenan, cuyo departamento abarca las agencias encargadas del tema migratorio y de fronteras, entre otros, atribuyó estas primeras señales al acuerdo alcanzado a comienzos de mes con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que Donald Trump amenazara a su vecino y socio comercial con imponer aranceles a sus importaciones.
Dicho acuerdo establece que quienes soliciten asilo deban esperar en territorio mexicano hasta que se resuelvan sus casos.
«Esas iniciativas están teniendo un impacto y, ahora, anticipamos una reducción significativa de los cruces en la frontera para junio de hasta un 25 % en comparación con los niveles récord de mayo», destacó McAleenan.
Teniendo en cuenta la estimación de McAleenan, el número de inmigrantes detenidos en la frontera con México podría ser de unos 108.200 este mes.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), las detenciones de inmigrantes en la frontera con México sumaron 132.887 en mayo, muy por encima de las 92.840 y 99.304 detenciones registradas en marzo y abril, respectivamente.
Las estadísticas revelaron que, de ese total, 11.507 eran menores no acompañados, mientras 84.542 de los casos se trataban de miembros de familias y 36.838, adultos solos.
McAleenan reveló que la Administración de Trump está haciendo «planes» con el Gobierno de López Obrador para que «en las próximas semanas» se aplique en diferentes ciudades fronterizas la expansión del programa «Permanezcan en México», también conocido como Protocolo de Protección de Migrantes (PPM).
Esa iniciativa -por la que el país devuelve a México a los solicitantes de asilo que llegan a su frontera mientras se tramitan sus peticiones- empezó a aplicarse este año en un solo punto de entrada, en San Diego (California), y a partir de marzo se amplió a otros dos, en Calexico (California) y El Paso (Texas).
El arreglo implica la implementación de ese programa a lo largo de toda la frontera.
Esta es, además, la primera vez en que las autoridades migratorias estadounidenses dan detalles sobre la ampliación de ese programa.
Las declaraciones de McAleenan cerraron una semana turbulenta para la Administración Trump, que de la amenaza del gobernante de iniciar deportaciones masivas afrontó la renuncia del comisionado interino de la CBP, John Sanders, en medio de la polémica que desataron las denuncias sobre las condiciones insalubres de pequeños migrantes detenidos en un centro en Texas.
La controversia escaló después de que se conociera la impactante foto de un padre y su pequeña salvadoreños que murieron al intentar cruzar a nado el río Grande, en la frontera con México.
Washington nombró en reemplazo de Sanders al hasta ahora director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Mark Morgan, quien se ha distanciado de las separaciones de familias de indocumentados, aunque en los últimos meses ha comparado a los menores migrantes detenidos en el país con futuros pandilleros.
También ayudó a distender la preocupación migratoria la decisión de la Cámara Baja, controlada por los demócratas, de aprobar este jueves un paquete de 4.600 millones de dólares para atender lo que el Gobierno considera una crisis humanitaria en la frontera.
Igualmente, este viernes el Tribunal Supremo anunció que decidirá el futuro de los «soñadores», es decir, los cerca de 700.000 jóvenes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), al haber aceptado examinar su caso en su próximo periodo de sesiones, a partir de octubre.
La corte revisará la decisión de Trump de terminar con este amparo creado durante el mandato de su predecesor, Barack Obama (2009-2017), y su fallo podría conocerse a finales de junio de 2020, en medio de la campaña para los comicios generales de noviembre de ese año.
