Arde Guanajuato

Los guanajuatenses desesperan al ver cómo su Entidad, hasta hace muy poco, una de las más pacíficas y prósperas del país, se convirtió y se mantiene como la más violenta del país, de tal manera que, desplazando a otras entidades donde la presencia del crimen organizado es endémica, encabezan la lista nacional de asesinatos y otros crímenes de alto impacto, poniendo a ciudades antes provincianas y hasta bucólicas, como Irapuato, Salamanca y Celaya, entre las más peligrosas de todo el mundo.
El descontrol de los actos violentos ha servido, y no de estas semanas sino de meses atrás, campo fértil para que allí germine un pleito que va escalando en decibeles, entre el Gobierno panista de la Entidad y el Gobierno Federal, que se recrudeció desde anteayer por el cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de la liberación de los familiares de José Antonio Yépez (a) ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, cuya captura provocó una jornada caótica en el corredor Silao-Celaya y hasta ayer seguía dejando cadáveres en el territorio vecino.
No es nueva la actitud de las dependencias federales de señalar la responsabilidad de la desbordada violencia a la Administración panista de Diego Sinhue, pero especialmente del titular de la Fiscalía estatal, Carlos Zamarripa, a quien el propio presidente señaló, subrayando que el despegue de la violencia corresponde a su larga permanencia en la oficina a su cargo, en la que lleva doce años.
Esa versión la comparten personajes como la titular de SEGOB, el de la SSP Federal y el Fiscal Federal, quienes no se fían del argumento del mandatario de que Zamarripa fue ratificado en su cargo por la legislatura estatal, como si eso significara algo, pues ya se sabe cómo se controlan las legislaturas, las locales y la federal en este país, sobre todo ahora.
Sobre el cruce de acusaciones entre Palacio y la Administración guanajuatense, el observador imparcial puede ver que puede que en ambos lados se tenga parte de razón, pues no es la primera vez que un criminal de altos vuelos queda libre por inconsistencias en la actuación de las fuerzas federales o por asuntos poco claros en los sistemas judiciales de las entidades, un asunto que nos habla de la necesidad de esa verdadera y profunda reforma que exige nuestro sistema de procuración de justicia, so riesgo de no verle el fin a esta espiral de violencia, que ya se prolonga 14 años.
Dice el mandatario que ve ‘transa’ en la manera en que jueces guanajuatenses soltaron a los familiares de ese siniestro personaje, que luego amenazó al Gobierno Federal con cobrarse revancha, una acusación que tiene por lo menos el velo de la verosimilitud, aunque aquí la pregunta que salta en automático, es la de cuál es la diferencia entre lo que pasó estos días en Guanajuato y lo que pasó en Culiacán el año pasado, ahora que el mandatario admitió que la liberación de Ovidio Guzmán fue una orden directa suya, una para la que entendemos no tiene ninguna facultad legal.