«La única verdad, es que no hay hasta ahora verdad alguna».
ALEJANDRO ENCINAS
El fiscal general Alejandro Gertz Manero fue contundente: «Se acabó la verdad histórica». Supongo que era inevitable, porque éste era uno de los compromisos políticos del actual Gobierno. Alejandro Encinas, el subsecretario de derechos humanos, se ha referido con desprecio a la «mentira histórica»; el presidente López Obrador dijo ayer que fue una «gran simulación».
Nadie lamenta el fin de la verdad histórica del caso Iguala, pero preocupa que no hay otra versión que la reemplace. Al parecer nunca se sabrá oficialmente qué pasó en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
La gestión de Jesús Murillo Karam como procurador quedó marcada por su uso de la expresión el 27 de enero de 2015: «Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia». Yo cuestioné el término porque parecía un carpetazo, pero varios abogados me aclararon que se trataba de una expresión jurídica. En el viejo sistema penal inquisitivo la «verdad histórica» era la versión de los hechos en que se basaba una acusación y que se convertía en «verdad legal» tras una sentencia favorable.
¿Cuál era la verdad histórica de Murillo Karam y su equipo? Que en la noche del 26 al 27 de septiembre decenas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala y entregados a policías de Cocula, quienes a su vez los entregaron a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Éstos los ejecutaron porque pensaban que eran miembros de una banda rival, Los Rojos. Cuando menos algunos de los cuerpos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula.
Centenares de pruebas y testimonios avalan esta verdad histórica. Mucho antes de que Murillo Karam la presentara, el padre Alejandro Solalinde narró en varias entrevistas, una conmigo, la quema de los estudiantes en el basurero: «Fueron poniendo leños, madera, tablas. Luego les echaron diesel y los quemaron». Los líderes del movimiento de Ayotzinapa, activistas que no están interesados en conocer la verdad sino en acabar con el sistema político, rechazaron esta versión porque para ellos lo importante era demostrar que «fue el Estado». Por eso insistieron en ingresar al cuartel del 27º Batallón de Infantería para ver si los estudiantes estaban encerrados en las «mazmorras».
Uno de los sicarios de Guerreros Unidos llevó a los investigadores al basurero de Cocula. Los testimonios de un trabajador del basurero, así como los de otros sicarios, dan sustento a esta versión. Lo mismo sucede con los testimonios de los policías y los videos de las cámaras de seguridad de Iguala. El mismo aval surge de una serie de textos de Blackberry que salieron a la luz en un juicio en Chicago y con los que unos líderes de Guerreros Unidos buscaban el apoyo de los policías de Iguala y Cocula para detener a los estudiantes.
Los líderes del movimiento de Ayotzinapa han hecho todo lo posible por desacreditar las acusaciones y han logrado la liberación de decenas de presuntos responsables de los asesinatos. Sin embargo, los esfuerzos por demostrar que fue el Estado se han caído también porque el nuevo Gobierno no quiere acusar al Ejército de haber participado, para lo cual, además, no hay pruebas.
Si bien el fiscal Gertz Manero ya decretó que «se acabó la verdad histórica», al parecer no tendremos otra que la reemplace en el futuro.
EL MOCHOMO
Un juez federal ordenó ayer la liberación de José Ángel Casarrubias, “El Mochomo”, quien según la «verdad histórica» ordenó el secuestro y asesinato de los normalistas. Aunque fue recapturado antes de salir con una nueva orden de aprehensión, parece que vamos en camino de liberar a todos los criminales del caso mientras las Fiscalía persigue a los agentes investigadores, como Tomás Zerón.
