México.- El exgobernador César Duarte Jáquez, detenido este miércoles en Florida, Estados Unidos tras permanecer prófugo desde 2017, ha sido señalado como el artífice de una red de corrupción que desfalcó al estado mexicano de Chihuahua.
Bajo su administración como gobernador de Chihuahua (2010-2016), Duarte pudo haber incurrido en malversación de fondos públicos por más de 1.000 millones de pesos (unos 44 millones de dólares), según las investigaciones.
Duarte es quizás el caso más emblemático de una lista de gobernadores mexicanos acusados, detenidos o buscados por corrupción o desvío de fondos, que emergieron del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la década pasada.
En esa lista están los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, en Chihuahua, y de Sonora, Guillermo Padrés, éste último del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
En su oportunidad, el entonces candidato y posteriormente presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018) también salido del PRI, los etiquetó como ejemplo del llamado «nuevo PRI».
«Son jóvenes o actores de la nueva generación política de la que forman parte el gobernador de Quintana Roo, Beto (Roberto) Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y César Duarte gobernador de Chihuahua», dijo Peña Nieto en una entrevista.
Fue en mayo de 2019, cuando, precisamente, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI confirmó la expulsión de César Duarte al pedir que fuese dado de baja como militante y anunciar que «no podrá volver a afiliarse por ningún motivo.
Su expulsión del PRI, de acuerdo a la citada Comisión, se tomó por «razones jurídicas debidamente fundamentadas» ya que el ahora detenido contaba con más de 20 órdenes de aprehensión en su contra.
En 2017, la Fiscalía del estado de Chihuahua emitió la primera orden contra Duarte tras detectar una deuda pública estatal de 48.000 millones de pesos (2.115 millones de dólares).
Además de un desfalco al erario de unos 6.000 millones de pesos (264 millones de dólares) y el desvío de 250 millones de pesos (11 millones de dólares) para campañas del PRI en 2015.
En ese año la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) solicitó a la Interpol la ficha roja de búsqueda de Duarte en 190 países luego de que la Fiscalía de Chihuahua pidiera su apoyo para cumplir con la orden de aprehensión.
Sobre la detención de Duarte, el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo este día que el instituto político «siempre estará del lado de la ley, y en contra de la corrupción».
«Si algún priísta cayó en actos de corrupción habrá traicionado al gobierno, a las instituciones y al partido», apuntó Moreno en un mensaje en Twitter.
Apuntó que el PRI «nunca estará con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública».
En el 2018, el Gobierno de Chihuahua llevó a la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR) las investigaciones y las órdenes de captura en contra de Duarte, pero el caso se mantuvo inactivo.
En el 2019, ya en el actual Gobierno, presidido por Andrés Manuel López Obrador, la FGR y la Fiscalía de Chihuahua iniciaron una colaboración para solicitar la extradición de Duarte con los requisitos exigidos por las leyes estadounidenses.
El 8 de octubre, un juez de control de Chihuahua libró la orden de aprehensión contra Duarte por los delitos de peculado (robo al erario) y por asociación delictuosa.
Mientras el 18 diciembre del 2019, la FGR pidió a la SRE tramitar la solicitud formal de extradición de Duarte ante Estados Unidos ya que según investigaciones se ocultaba en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México.
Y fue precisamente este día, cuando López Obrador visitaba, por primera vez como presidente Estados Unidos, cuando Duarte fue detenido con fines de extradición a México.
