«Con este nuevo hallazgo, la verdad histórica se acabó».
Omar Gómez Trejo
Decir que la identificación de un resto de un normalista a 800 metros del basurero de Cocula desmiente la «verdad histórica» del caso Iguala demuestra ignorancia o mala fe: ignorancia, porque no considera el contenido real de la averiguación; mala fe, porque parece un intento por politizar una investigación que se mantiene en las mismas líneas que antes.
«Verdad histórica» es un término jurídico que en el viejo sistema penal inquisitivo señalaba los hechos con los que el investigador presentaba sus conclusiones al juez, quien declaraba la «verdad legal» en la sentencia. Ese fue el sentido que usó el entonces procurador Jesús Murillo Karam en la conferencia del 27 de enero de 2015. Los hechos eran que decenas de normalistas de Ayotzinapa habían sido privados de la libertad en Iguala el 26 de septiembre de 2014 por policías municipales, llevados a Cocula y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron porque pensaban que eran parte de un grupo criminal rival, Los Rojos. Los cuerpos «de un grupo numeroso de personas» fueron quemados en el basurero de Cocula y tirados en el cercano río San Juan.
Esta es en esencia la verdad histórica. El delito que perseguía la PGR era el asesinato de los normalistas, no la quema de sus cuerpos. Hasta este momento la Fiscalía no ha presentado otra versión de los hechos. El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien con anterioridad fue secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI), sólo ha cuestionado la idea de que todos los cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula. Pero la PGR nunca señaló cuántos cuerpos fueron quemados. Hasta hace unos días, de hecho, sólo dos habían sido identificados por pruebas de ADN.
El resto de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre hallado en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero, no desmiente la verdad histórica. No comprueba que los normalistas no fueron privados de la libertad por policías municipales, ni que estos no los entregaron a Guerreros Unidos, ni que los criminales no los mataron, ni que un número indeterminado de cuerpos no fue quemado en el basurero. El nuevo hallazgo puede significar que alguno o varios de los normalistas fueron asesinados camino al basurero o que sus restos cayeron en el traslado al río San Juan.
Los líderes del movimiento de Ayotzinapa, fundamentalmente un grupo político, han sostenido siempre que «Fue el Estado» y han tratado de acallar o matizar toda información que sugiera otra cosa. Cuando el padre de Alejandro Solalinde denunció por primera vez la quema de 17 normalistas, los líderes le exigieron callarse. Con el apoyo del GIEI, del que surgió Gómez Trejo, obstaculizaron de manera sistemática las investigaciones.
Pero ahora el viejo régimen ha caído y resulta más complicado acusar al Estado. El Ejército, al que exigieron abrir sus cuarteles para buscar a los desaparecidos, hoy es el cuerpo de mayor confianza del presidente López Obrador. El jefe de la policía federal en Guerrero en el momento de la matanza era Omar García Harfuch, hoy secretario de seguridad de la Ciudad de México. Los centenares de pruebas y declaraciones, por otra parte, están ahí y no hay formas de ocultarlas.
Las nuevas autoridades declaran que han borrado la verdad histórica, pero no modifican la hipótesis en los casos que se siguen. Se lanzan a perseguir, en cambio, no a quienes mataron a los estudiantes sino a quienes investigaron el caso. Es una abierta politización de la justicia.
CERCANÍA
López Obrador parece haber logrado lo que buscaba en Washington: una cercanía personal con Donald Trump. Esa es una de las razones de ser de la diplomacia. Su viaje ha sido un éxito.
