«Quienes pensaban que íbamos a estatizar lo de las pensiones, pues no fue ese el propósito.»
Andrés Manuel López Obrador
Primero la buena. Las versiones de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se apropiaría de las pensiones de los trabajadores para financiarse con ellas, como hizo en Argentina el régimen de Cristina Fernández, han caído por tierra. No hay un intento tampoco por eliminar el sistema de cuentas individuales: no desaparecen las Afores, tan cuestionadas por la izquierda durante tanto tiempo, sino que se fortalecen.
Ahora las malas. Se reduce el número de semanas para obtener una pensión mínima de 1,250 a 750 semanas, o sea, de 24 a 14 años, lo cual quiere decir que una persona podría jubilarse con sólo 14 años trabajados, sin que se diga cuánto va a costar al erario. Por otra parte, sube la aportación de los patrones de 5.15 a 13.87 por ciento sobre los salarios, lo cual encarecerá de manera muy importante el empleo formal.
La reforma, elaborada en buena medida por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no es mala en términos generales. Para empezar, era necesaria, porque los trabajadores que se empezaran a jubilar con la ley de 1997 iban a tener pensiones muy reducidas. No es un retorno al viejo sistema de reparto que llevó a la quiebra al IMSS y al ISSSTE, sino un fortalecimiento del sistema moderno de cuentas individuales. Contó con el apoyo decidido, crucial, de Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial y el respaldo también de Carlos Aceves del Olmo de la CTM en representación de los sindicatos.
La reforma parte de la aceptación del hecho que las aportaciones que se han estado haciendo a las Afores son demasiado pequeñas para garantizar una pensión digna. La reforma las eleva de 6.5 a 15 por ciento de los salarios, aunque sólo se incrementa la patronal, de 5.15 a 13.87 por ciento. Los trabajadores seguirán pagando el mismo porcentaje, 1.125 por ciento, mientras que el Gobierno continuará con su modesto 0.225 por ciento, sólo que este monto se dedicará enteramente a los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos y no a los demás.
El principal problema de la reforma es que encarece una vez más a los trabajadores formales. Muchos políticos piensan que los patrones son muy prósperos y pueden darse el lujo de aumentar en 168 por ciento sus aportaciones a las pensiones. Pero la realidad es muy distinta. El 95.4 por ciento de las empresas mexicanas son micros con 10 trabajadores o menos; 3.6 por ciento son pequeñas y 0.8 por ciento medianas. Todas ellas tendrán problemas por este aumento. Sólo el 0.2 por ciento es de gran tamaño.
Una de las posibles consecuencias negativas de la reforma es que puede reducir la contratación de trabajadores formales ante la elevación del costo social. La reforma puede generar así un incremento de la informalidad, que está recibiendo un respaldo cada vez mayor del Gobierno, lo cual reducirá al final el número de trabajadores con pensiones. Si se mantiene la creación de empleos formales, es probable que aumente el número de trabajadores registrados en el IMSS con sueldos inferiores a los reales.
Lo positivo es que el Gobierno no ha tratado de apoderarse de las pensiones ni ha regresado al sistema de reparto que teníamos antes de la reforma de 1997 y que resultaba insostenible. Son decisiones positivas cuya importancia no podemos soslayar.
Estrellita
«Si se trata de poner estrellitas -dijo ayer el Presidente- yo diría que le correspondería antes que a nadie, a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En los últimos tiempos nos distanciamos y, sin embargo, él continuó trabajando». Es un reconocimiento importante. Otros dirigentes empresariales habrían mantenido la «sana distancia» y habrían fortalecido las posiciones de los radicales que querían estatizar las Afores.
Twitter: @SergioSarmiento
