Ya en la víspera de la primera audiencia de Emilio Lozoya, enfermo como dicen que está, algunos analistas ya advertían que el Poder Judicial de nuestro país ya había sido marginado del juicio y la condena, pues antes de iniciarse el proceso judicial contra el ex-director de Pemex desde el Ejecutivo ya habían dinamitado el procedimiento, pues parece que Lozoya está condenado y hasta indultado de antemano, para luego llevar al cadalso mediático a los personajes que supuestamente va a delatar.
Lo preocupante de este asunto es que la propuesta de la “justicia paralela” y los tribunales ciudadanos o populares, que equivalen a una invitación al linchamiento y una apelación al resentimiento de tantos, justificado o no, viene nada menos que del jefe del Ejecutivo, quien sigue haciendo labor de zapa contra la división de Poderes y violentando nuestras leyes, las que, en dos ocasiones, recordemos, juró cumplir y hacer cumplir.
Y es que llevar a nuestra justicia a un segundo plano, donde se invita a los ciudadanos, caracterizados en parte como una masa a la que moldear, como simpatizantes, o como fieles, a acusar, juzgar y condenar por clamor, recuerdan épocas poco luminosas para la impartición de justicia y que nos remiten al griterío de “el pueblo” judío que demandaba la ejecución de Jesucristo, a la voz de “¡Crucifíquenlo!”, según narra el Evangelio de Marcos.
Aunque los tribunales populares se remiten a la antigua Atenas, en un intento de democratizar la justicia, a falta de un aparato popular, pronto Pericles entendió la necesidad de poner estos asuntos en manos de magistrados y jueces, una institución que fundó al entregar un sueldo a los juzgadores.
Mal le fue a los pueblos que pretendieron repetir el experimento y la sola mención de estos jurados populares, nos remite a aquel “Tribunal del 17 de agosto” (1792), que fundó nada menos que un personaje de memoria ingrata, Maximiliano Robespierre, que con ello inauguró la época del terror, que en esa primera oportunidad se encargó de comenzar la escabechina de los defensores del Palacio de las Tullerías y todo aquel enemigo, real o supuesto, de la Revolución y luego a cualquier adversario de nuestro personaje, que de cualquier manera sucumbiría ante el terror por él creado menos de dos años antes.
“Checas” y matanzas de republicanos españoles, ejecuciones sumarias en la Cuba de los primeros días de Castro y otras salvajadas han resultado de cambiar los sistemas judiciales en manos, no del pueblo, sino de personajes o grupos que dicen representarlo, y que tanto gustan de la palabra “popular”, que nos recuerda al vigente Tribunal Supremo Popular de Cuba, a la República Popular de China, de Polonia, de Corea del Norte o, con otra denominación, a la extinta República Democrática de Alemania, que de democrática no tenía sino el nombre.
Entendemos que el mandatario pretendía referirse a otra cosa y no pensaba en la guillotina al pedir ese tribunal “ciudadano”, aunque de esta manera le dio alas a los más radicales entre sus fieles que sí que son adeptos al linchamiento, que por cierto resultó siempre de “detenciones, juicios y ejecuciones” populares, y de muchas maneras descalifica a nuestro sistema judicial y en particular a la SCJN y a toda la magistratura, amén de que sigue atropellando con sus palabras a la Fiscalía General.