México, 11 ago (EFE).- Las amenazas legales de la industria de alimentos ultraprocesados contra el etiquetado frontal de alimentos en México no tienen ningún fundamento, por lo que la legislación al respecto tendría que ser respetada, coincidieron especialistas.
«Todas las amenazas son falsas», destacó Eric Crosbie, profesor asistente de la Escuela de Ciencias de la Salud Comunitaria de la Universidad de Nevada.
Durante su participación en un foro convocado por la organización mexicana Alianza por la Salud Alimentaria, el especialista detalló que la industria que genera productos industrializados y bebidas azucaradas ha argumentado, entre otras cosas, que las etiquetas no tienen fundamento científico y crean una barrera innecesaria al comercio.
«Estas amenazas son vacías, no tienen argumentos reales contra las políticas de salud», enfatizó.
En noviembre de 2019, el Congreso mexicano aprobó una nueva ley donde se establece que los productos industrializados y bebidas azucaradas deberán rotularse con un etiquetado de advertencia o con las características nutricionales en las que el producto supera el valor establecido.
En su turno, Pepita Barlow, profesora asistente en Políticas de Salud en la London School of Economics and Political Science (LSE), destacó que aunque la Organización Mundial del Comercio (OMC) habla de «no crear barreras innecesarias para el comercio», también reconoce que los países tienen la capacidad de regular para proteger la salud pública.
Señaló que la industria, históricamente, ha ejercido «una presión intensa para evitar que las legislaciones sobre el etiquetado avancen en algunos países» que han intentado regular la venta de sus productos.
Ejemplificó que el Gobierno de Chile defendió sus etiquetados de advertencia contra las amenazas de las corporaciones; en cambio, Indonesia reculó en su legislación e implementó una política alineada a la industria.
Gabriela Rodríguez, integrante del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, resaltó la importancia del etiquetado.
«Las empresas deben informar sobre sus productos y el Estado debe garantizar el derecho del consumidor a estar informado», apuntó.
LA INDUSTRIA NUNCA VA A PARAR
Crosbie refirió que este etiquetado, el cual usará símbolos octagonales para advertir sobre la alta cantidad de sustancias dañinas que contienen los productos, es uno de los más destacados porque advierte sobre el contenido de edulcorantes y cafeína, sustancias dañinas para los niños.
Además respeta el interés superior de la niñez al prohibir el uso de personajes y mercadotecnia en los empaques.
Este tema ha estado en debate en las últimas semanas luego de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, expresara que los refrescos son «veneno embotellado» y pastelitos y frituras empaquetadas son «alimentación tóxica y contaminación ambiental».
Tras ello, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) pidió a las autoridades sanitarias no estigmatizar sus productos.
En un comunicado, la Anprac destacó que desde 2014 «hemos logrado una reducción del 11 % en el contenido calórico de nuestros productos» y reiteró su compromiso hacia 2024 para una reducción adicional del 20 %.
Sin embargo, apenas la semana pasada, la industria de estos alimentos recibió un nuevo revés luego de que el sureño estado de Oaxaca aprobara una ley para prohibir la venta de comida basura y bebidas envasadas a menores de edad en dicho estado.
Esta medida ha comenzado a resonar en el país y entidades como la Ciudad de México plantean la posibilidad de hacer una legislación similar.
«Estamos trabajando con los diputados para ver si es factible hacer una legislación similar (a la de Oaxaca) en la Ciudad de México», dijo este martes la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.
Al respecto, Crosbie manifestó que «la industria nunca va a parar, ellos van a luchar contra el gobierno mexicano y contra otros también», refirió.
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el ahorro en los costos relacionados con problemas de obesidad y sobrepeso podrían alcanzar los 40,000 millones de pesos (1.792 millones de dólares) en los próximos cinco años, tras el etiquetado frontal de alimentos en México.
