“Autor del delito es aquél al cual beneficia”. SÉNECA
La Fiscalía General de la República se deslindó de inmediato de la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya. “La copia que está circulando en los medios de comunicación —dijo— no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución”.
El deslinde es necesario, ya que difundir una denuncia en proceso es un delito. De por sí la FGR estaba en un brete ante la filtración primero, y difusión abierta por el Presidente después, de un video que presuntamente sería una prueba en la denuncia de Lozoya. Por eso la Fiscalía añadió a su deslinde una petición muy controvertida: “Invitamos también a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío”. Quizá tendrían que preguntarle a López Obrador.
Filtrar pruebas y denuncias es la forma más fácil de asegurar la impunidad de criminales o corruptos puesto que constituye una violación de la presunción de inocencia y del debido proceso. Si el Presidente quisiera realmente combatir la corrupción, sería el principal interesado en impulsar procesos jurídicamente impecables. Pero no. Él mismo, molesto porque a su parecer los medios no le dieron suficiente difusión al video, lo exhibió en su mañanera y convirtió la filtración en un acto de gobierno. También dijo que todo el mundo debería leer la denuncia filtrada. La indignación de la FGR palidece ante esta invitación del Presidente.
¿Quién filtró? El documento en principio lo tenían sólo Lozoya (con sus abogados) y la FGR. Tanto el ex-director de Pemex como la Fiscalía han dicho que ellos no fueron, aunque no tenemos forma de verificarlo. La FGR está impedida legalmente de entregar información o pruebas de una denuncia al Presidente o a cualquier otro funcionario, pero tampoco sabemos si no lo hizo. Ciertamente el presidente López Obrador y su partido, Morena, son los beneficiarios políticos de las filtraciones, porque virtualmente todos los señalados son sus adversarios. Y no hay duda de que el mandatario las ha difundido y promovido.
López Obrador afirmaba en una entrevista con Jorge Ramos de Univisión el 14 de mayo de 2017 que Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto habían tenido conocimiento de los videos de actos de corrupción de René Bejarano y Eva Cadena antes de que fueran filtrados para dañar su imagen política. La pregunta hoy es si Andrés Manuel conocía los videos y la denuncia antes de su filtración.
El que López Obrador haya exhibido el video en su mañanera, y haya invitado a leer la denuncia, sugiere que le interesa más aprovechar el efecto político que combatir la corrupción o acabar con la impunidad. Le tienen sin cuidado los “efectos corruptores” de las filtraciones, para usar el término de la Suprema Corte al liberar a Florence Cassez por su exhibición en un video. Se entiende: los caminos de la justicia son largos e inciertos, como lo demuestra el que René Bejarano haya sido al final exonerado, en parte porque los videos no se podían usar como prueba. En política, sin embargo, las impresiones pesan mucho; y cuando lo que importa es ganar votos, una imagen vale más que mil palabras en una sentencia.
Este enfoque, sin embargo, es triste. López Obrador alcanzó la Presidencia con la promesa de acabar con la corrupción. Para lograrlo es importante eliminar la impunidad. Pero esto es imposible cuando el propio Presidente anula las pruebas en los procesos contra los corruptos.
LO ROBADO
“Es muy importante —dijo ayer AMLO— que se devuelva lo robado. Entre otras cosas, estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas”. ¿Cuánto fue lo robado? En la danza de cifras de Odebrecht, Braskem y Agro Nitrogenados, es difícil definir el monto. Pero nada más con la decisión de regresar la edad de jubilación de la CFE a 55 años, el Gobierno está regalando cuando menos 135 mil millones de pesos del erario. ¿Quién lo devolverá?
Twitter: @SergioSarmiento
