México.- María Luciana Lunes, de 13 años, aún convalece tras recibir dos balazos de grupos paramilitares en un conflicto armado en el sureste mexicano que, al combinarse con la pandemia, ha dejado sin educación a cientos de niños indígenas en Chiapas.
María Luciana cuenta con timidez este jueves a Efe que ella y sus siete hermanos pasan el mayor tiempo en el refugio del municipio de Aldama, donde viven bajo el acecho de los paramilitares por los conflictos agrarios con el pueblo de Chenalhó, que tienen sin escuela a menores de edad de primaria y secundaria.
Grupos armados en los límites de Santa Martha causan un ambiente de terror en 13 comunidades, lo que ha paralizado todas las actividades, incluyendo la educación, explica a Efe Rosas Santiz, representante de los comuneros desplazados de Aldama.
«Está muy difícil porque entraron los de Santa Martha en la comunidad de Tabac a disparar fuertemente, había como dos o tres gentes disparando en la zona conocida Telemach, por eso las personas se están desplazando, se esconden los ancianos y los niños, es solo una lomita la que nos divide», relata.
CONFLICTO Y PANDEMIA
Las agresiones en Aldama se agudizan desde hace cuatro años por una disputa de 60 hectáreas con el municipio de Chenalhó.
Y de hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este jueves que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentará este viernes un informe sobre el conflicto de Aldama.
Al conflicto que ya existía ahora se suma la pandemia de COVID-19, que ha dejado cerca de 72.000 muertos y alrededor de 680.000 casos, por lo que las familias prefieren esperar para continuar con la educación de sus hijos.
La mayoría ni siquiera contempla sumarse al programa Aprende en Casa, con el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) imparte educación en radio y televisión desde el 23 de marzo, cuando inició el confinamiento.
«Ya tiene más de dos años que ya casi no están estudiando, no están aprendiendo, pobres niños, ya están grandes sin que sepan leer», comenta María Jiménez, una de las mujeres de un grupo de madres indígenas con entre cinco y nueve hijos cada una.
Aunque la SEP prometió contenido en 24 idiomas indígenas, las mujeres de habla tzotzil advierten deficiencias en los programas, lo que dificulta que ellas hagan la enseñanza.
«Yo estoy segura de que no van a poder los niños aunque los maestros quieren que le enseñemos a nuestros hijos, que nos dediquemos a ellos pero no podemos, tenemos que buscar trabajo, en nuestro terreno ya no podemos trabajar», opina Jiménez.
VIOLENCIA Y ESPERANZA
Los conflictos armados han dejado seis personas asesinadas y 21 heridas, incluyendo tres menores de edad, de 2017 a la fecha, según los pobladores.
La rivalidad de Santa Martha, en Chenalhó, y las comunidades de Aldama, data de la década de los 70, aunque por mucho tiempo llegaron a acuerdos.
Sin embargo, el Gobierno creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) para realizar nuevos planos de los bienes comunales, con los que una porción de tierra que era de Aldama quedó dentro de Santa Martha.
A mediados de 2016 los conflictos se intensificaron en la zona limítrofe, que sigue bajo ataque permanente, al grado de forzar el desplazamiento de familias de las comunidades de Xuxch’en, Coco’, Tabak, San Pedro Cotzilnam, Sepelton, Yoc Tontik, Yeton, Ch’ivit, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’.
La violencia de estas confrontaciones se ha combinado con el riesgo de la pandemia.
Esto ha dejado en la incertidumbre a jóvenes como Eduardo Galdino Pérez, quien cursa el tercer semestre del Colegio de Bachilleres (Cobach).
Eduardo ahora solo se dedica a tejer junto a sus dos hermanos para sostener la economía familiar.
El adolescente indica a Efe que pasa los días sin dejar de tejer, con la esperanza de que la enfermedad del nuevo coronavirus y las balas cesen.
Pero ahora solo quisiera salir con seguridad de la comunidad para vender sus textiles.
