México, 21 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes en un informe la violación de los derechos humanos de miles de personas encerradas en centros de cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19 en Venezuela, El Salvador y Paraguay.
Según el documento, titulado «Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas», el organismo documentó al menos 90.000 arrestos en Venezuela, 16.000 en El Salvador y 8.000 en Paraguay.
La organización identificó la mayoría de los arrestados como migrantes, refugiados o personas de ingresos bajos que han sido internados en centros estatales para obligarlos a cumplir con la cuarentena «en condiciones insalubres y a veces inhumanas».
«Esta investigación se basa en el número de denuncias que recibimos de estos países por la implementación de políticas de confinamiento forzado que se convirtieron en medidas punitivas», dijo a Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara.
Según la organización, muchos de los enviados a centros de confinamiento en Venezuela son ciudadanos deportados desde Colombia y Perú, mientras que en Paraguay son personas que volvieron a su país tras perder el trabajo en Brasil por la pandemia.
Si bien, a día de hoy El Salvador y Paraguay ya cerraron estos centros al disminuir los contagios, Guevara advirtió que siguen funcionando en Venezuela y que existe el riesgo de que otros países «se sientan tentados» a usar estas medidas frente a los rebrotes de COVID-19.
SIN HIGIENE Y CON RIESGO DE CONTAGIOS
Según Amnistía Internacional, que ha tenido acceso a varios vídeos, los centros de cuarentena son «instalaciones improvisadas» en almacenes o estadios deportivos que no cuentan con condiciones de salubridad y donde los detenidos no reciben atención médica.
«Hay gente que ha pasado más de 30 días encerrada cuando la propia regulación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que el confinamiento no tendría que pasar los 15 días», señaló la directora de la organización en las Américas.
Asimismo, Guevara advirtió que en estos centros se ha mezclado a sospechosos de COVID-19 con personas que no lo eran, por lo que los detenidos «corren el riesgo de contagiarse».
El propio ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, amenazó en abril que los ciudadanos que no cumplieran el encierro en sus casas serían «llevados a un centro de cuarentena, lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus».
«Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo», dijo Ana Cristina, un testimonio recogido por Amnistía Internacional que pasó 40 días en un colchón sucio en el suelo de un centro de cuarentena tras ser arrestada en abril mientras compraba alimentos y medicinas.
Además de las condiciones inhumanas, Guevara señaló la «estigmatización» de las personas que pasaron por estos centros, que en Venezuela fueron tachadas por el Gobierno de «armas biológicas» enviadas desde Colombia.
CRÍTICAS A LAS CUARENTENAS OBLIGATORIAS
Guevara explicó que los Gobiernos tienen derecho a limitar la circulación de los ciudadanos para afrontar la crisis del coronavirus, pero subrayó que «en estos tres países podríamos hablar de detenciones arbitrarias porque en muchos casos la gente no fue informada ni de por qué estaba siendo detenida».
Especialmente polémico es el papel de las fuerzas de seguridad, puesto que se han documentado «abusos» y «malos tratos» de policías durante los arrestos.
Por ello, Amnistía Internacional aboga por confinamientos que tengan en cuenta a los millones de pobres y trabajadores de la economía informal que necesitan salir de casa para subsistir.
«Nuestra recomendación es que se eviten las medidas coercitivas y se enfoquen medidas voluntarias de confinamiento basadas en el contexto de la región y sus enormes desigualdades», resumió Guevara.
