México, 8 oct (EFE).- México aprobó suprimir 109 fideicomisos públicos con un valor superior a los 68.000 millones de pesos (unos 3.100 millones de dólares), una decisión que pone en jaque la cultura, la ciencia y los derechos humanos en el país pese a que el Gobierno ha asegurado que la medida contribuirá a eliminar la corrupción en el manejo del dinero público.
«Yo tengo un proyecto de investigación con la Unión Europea en el que colaboramos ahora más de cinco instituciones de América y de Europa, con Brasil, Estados Unidos, España, Bélgica y Alemania. Resulta que el dinero de ese proyecto ya no tengo dónde depositarlo», explicó a Efe Lorena Ruano, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La situación de Ruano es una de las múltiples que se van a dar tras la supresión de los fideicomisos de ciencia, 24.956 millones de pesos (1.162 millones de dólares) que estaban bajo el amparo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y cuyos recursos no tienen ahora un destino claro, más allá de concentrarse en los próximos 30 días en la Tesorería de la Federación.
Muy pocos fideicomisos, entre los que destacan el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el de mypimes, consiguieron una prórroga hasta el 30 de junio de 2021 para extinguirse en este dictamen discutido hasta la medianoche del miércoles en la Cámara de Diputados y que ahora deberá aprobar el Senado, en un proceso que se augura fácil.
El fondo que se salvó de su eliminación de manera definitiva fue el de Salud para el Bienestar, una bolsa para atender enfermedades graves con unos 100.000 millones de pesos (4.700 millones de dólares) que no estaba en discusión pero que los legisladores del partido gobernante Morena (izquierda) quisieron incluir para poner el dinero a disposición del Ejecutivo.
APOYOS DIRECTOS
Mientras, el presidente del país y principal valedor de esta supresión, Andrés Manuel López Obrador, promete que el dinero se entregará de forma directa y nadie se quedará sin él a la vez que se van a «recoger todos estos recursos» que se entregaban «sin ningún control» y con «manga ancha».
«¿Quién no quiere el desarrollo de la ciencia y de la tecnología? ¿Quién no quiere fomentar la cultura? ¿Quién no quiere fomentar el deporte, ayudar a los deportistas? Ese no es el tema, el asunto es la corrupción, el dinero guardado, jineteado en bancos», insistió este jueves.
El coordinador del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez, advirtió que la partida de gastos en estos mecanismos es muy grande y que «hay fidecomisos poco justificables o que no tienen razón de ser» pero advirtió que «no se ha hecho un estudio con precisión» para tomar una decisión tan drástica.
INFORMACIÓN INCOMPLETA
«Llevamos ya siete meses sobre este tema. Ni los defensores de los fideicomisos ni la Cámara de Diputados ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación ni a la Secretaría de la Función Pública información precisa para demostrar tal fideicomiso ha funcionado y tal tiene que desaparecer», argumentó.
Eliminar esos 109 fideicomisos «implica dejar desprotegidos» a la ciencia y a la cultura y también a los periodistas y a las víctimas que se favorecían de estos mecanismos con «reglas de operación claras», según la profesora de la facultad de Política y Ciencias Sociales de la UNAM Cristina Puga.
«Eliminarlos implica dejar desprotegidos no solo en lo inmediato a todos estos grupos, sino en el futuro. Porque son fideicomisos pensados para ser utilizados en el momento que se requieran. Es una acción gravísima», consideró la académica
Puga destacó que el proceso de los diputados «no ha sido democrático» porque ignoró un parlamento abierto llevado a cabo en la Cámara baja donde los perjudicados expusieron sus afectaciones.
MOVILIZACIÓN DE AFECTADOS
El presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicoténcatl, alertó antes del primer intento de votación que la retirada afectará de manera inmediata a las personas que están en riesgo.
«En países como México defender los derechos humanos y defender la libertad de expresión ha ocasionado daños a las personas que trabajamos en los dos ámbitos e incluso se ha cobrado vidas», advirtió.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) también lamentaron este jueves la medida en un boletín conjunto, ya que se ha tomado «sin garantizar alternativas para la protección de derechos humanos».
Del mismo modo, Nancy López, directora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que la Cámara de Diputados «está cometiendo un grandísimo error» porque «resulta fundamental un fondo fuerte que esté al alcance de las víctimas».
La cultura también alzó la voz y antes del segundo día de discusión el pasado martes entregó a Mario Delgado, coordinador de la bancada de diputados del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), más de 70.000 firmas recogidas en línea en una moción promovida por 18 asociaciones distintas.
