Aguascalientes.- La disputa por el estacionamiento de una bicicleta detonó uno de los más graves escándalos de corrupción y encubrimiento entre el Poder Judicial de Aguascalientes y la Fiscalía General del Estado, y su protagonista confirma a HIDROCÁLIDO que su única y firme intención es alcanzar la justicia, con todos los costos que ello implique.
Mario Sierra Valle es el abogado que enderezó una acusación de privación ilegal de la libertad en contra de la magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, denuncia que fue ‘omitida’ en la carpeta entregada por la Fiscalía a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, complicidad que nunca se hubiese conocido de no ser por la filtración al programa radiofónico INFOLÍNEA. Hoy el Poder Judicial y la Fiscalía se encuentran señalados por encubrir la gravísima imputación, y es prácticamente un hecho que la reelección que buscaba la magistrada no ocurrirá ante la clara complicidad y disimulo ejecutado entre ambas instancias, con la connivencia del Gobierno Estatal.
Luego de tramitar la denuncia contra la magistrada y al ver que nada avanzaba, el 24 de enero de 2020 el litigante integró un escrito para ampliar el detalle de los hechos y realizar la solicitud de ampliación de diligencias, misma que contemplaba la petición de una copia cotejada del expediente. La autoridad respondió hasta el 19 de agosto -casi siete meses después- y las anomalías comenzaron a surgir.
De entrada, el abogado detectó que el ministerio público que integró la copia cotejada, Roberto Carlos Guerra Lara, opera como titular de las mesas seis y diez de manera simultánea, pues la ‘casualidad’ quiso que el afectado también tuviese un litigio precisamente en ambas representaciones judiciales y que fuera respondido por el mismo servidor público con una diferencia de apenas 24 horas. A todas luces, un absurdo jurídico.
“A la fecha, no he podido obtener una copia íntegra del expediente de mi caso contra la magistrada presidente, de quien desconocía sus intenciones de repetir en el cargo por otros quince años hasta que este asunto se ventiló en medios”, sostiene Sierra Valle.
Luego de que INFOLÍNEA diera a conocer el escándalo de encubrimiento de la Fiscalía a favor de la magistrada en su intento por ser reelecta por el Congreso del Estado, la propia titular del Poder Judicial emprendió una “gira de medios” en la que habló sobre el incidente para minimizarlo, lo que fue calificado por el jurisconsulto afectado como una serie de mentiras muy preocupantes, sobre todo por venir de quien se supone debe salvaguardar la verdad, la ética y la verticalidad de su alto cargo.
Cuestionado sobre su opinión ante el actuar de la titular del STJ, Sierra Valle lo considera “muy delicado’, pero también esa actitud, esa conducta hace más grave el caso, porque ella se atrevió a decir que yo tuve puestas las esposas solamente cinco minutos, cuando en la carpeta se acredita que en la bitácora de los guardias de seguridad el incidente comenzó a las 11:30 horas, cuando mi audiencia comenzaba a las trece horas. Además dice que yo me atreví a decirle groserías, que empecé a golpear las ventanas, que golpeé al personal de seguridad privada… todo eso son argumentos de ella, y yo voy a hacer todo mi esfuerzo y lo necesario para acreditar que no es cierto”, aseguró.
Manifestó también su indignación por el cambio en las investigaciones, pues si bien desde el inicio de las mismas él colocó como responsables de la privación ilegal de su libertad a la magistrada presidente y al policía procesal, en el curso de las averiguaciones se cambió a los imputados dejando únicamente como presuntos responsables a los guardias de seguridad privada.
Cuestionó también el hecho de haberse enterado de que el esposo de la magistrada presidente del STJ resultó ser el director general de Derechos Humanos de la Fiscalía, “obviamente, se enteraron de que está la denuncia y el resultado es el mal manejo de la carpeta”, dijo.
“Este espacio que me están permitiendo ustedes para alzar la voz va a servir para evitar que se sigan cometiendo tantas atrocidades por parte de las autoridades, tanta impunidad, y que utilizan el poder público para satisfacer sus intereses particulares en contra de los gobernados”, añadió.
“El gobernador y la presidenta del Poder Judicial tienen allí un compartimiento de intereses. No me consta directamente, pero le conviene al gobernador tener cierta influencia en el Poder Judicial precisamente para evitar imputaciones en su contra o hacer valer algunas que no son tan fundadas, pero si tiene el abrigo de la presidenta, pues es compartimiento de intereses personales a favor de ellos y en perjuicio de la colectividad”, especuló.
