México, 23 oct (EFE).- La Fiscalía mexicana pretende cerrar la investigación del caso Tlatlaya, un escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2014, a pesar de tener nuevos indicios, denunció este viernes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Tras imponer un recurso de amparo, abogados del Centro ProDh, que representan a la madre de una de las víctimas, lograron interrogar el pasado 29 de septiembre a cinco militares de diferentes rangos sobre lo sucedido el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el céntrico Estado de México.
«Tres días después, la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal. Dijo que con la entrevista ya se cumplió la sentencia de amparo y ya no hay nada por hacer. No se tienen datos nuevos, por lo tanto se debe cerrar esta investigación», explicó a Efe la abogada Ivette Galván.
Ante esto, la letrada del Centro ProDh avanzó que están preparando una impugnación porque, a su juicio, en el interrogatorio se arrojaron «datos nuevos para tener una investigación activa» sobre el caso Tlatlaya, por el cual nadie ha ido a prisión todavía.
«No hay nadie privado de la libertad por los hechos y justo esta investigación ayuda a tener elementos para saber quién fue responsable y quién tuvo conocimiento de los hechos», sostuvo.
En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, colindante con la capital mexicana.
Según la versión inicial ofrecida por el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega, el 30 de junio de 2014.
En los interrogatorios que pudo realizar el Centro Prodh el pasado septiembre, se descubrió que el general encargado de la zona, José Luis Sánchez León, «tuvo conocimiento de los hechos el mismo día que ocurrieron y se presentó al lugar el mismo día», cuando la versión sostenida hasta ahora era que se encontraba de vacaciones.
También se reveló que los militares en la zona usaban de «manera recurrente» una orden que imponía la directriz de «abatir a delincuentes» de noche, contó Galván.
La abogada explicó que «una de las dudas pendientes» del caso es esclarecer la alteración que presuntamente hubo de los cuerpos para «evidenciar que hubo un enfrentamiento y no una ejecución».
«El caso Tlatlaya es el ejemplo de una política contra los derechos humanos que evidencia que tener a las Fuerzas Armadas en la calle no soluciona nada», subrayó Galván.
Cuando sucedieron estos hechos, el secretario de la Defensa era el general Salvador Cienfuegos, arrestado la semana pasada en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
«De alguna manera tuvo que enterarse el general porque era parte de la cadena de mando», expresó la abogada.
